“Que en síntesis el proyecto persigue reconfigurar parte importante de la institucionalidad en materia de seguridad social, asignando al efecto roles definidos y específicos a los tribunales de justicia, dentro de los cuales se encuentran aquellos previstos en las disposiciones consultadas y en otros preceptos, sin perjuicio de la modificación de regulaciones sustantivas que inciden en los ámbitos civil, comercial, penal y administrativo”.
Reunido el tribunal pleno de la Corte Suprema –el 19 de diciembre pasado– analizó el articulado del proyecto de ley que “Crea un nuevo Sistema Mixto de Pensiones y un Seguro Social en el pilar contributivo, mejora la Pensión Garantizada Universal y establece beneficios y modificaciones regulatorias que indica”. Informe que fue remitido a la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados ayer, miércoles 11 de enero.
“Que en síntesis el proyecto persigue reconfigurar parte importante de la institucionalidad en materia de seguridad social, asignando al efecto roles definidos y específicos a los tribunales de justicia, dentro de los cuales se encuentran aquellos previstos en las disposiciones consultadas y en otros preceptos, sin perjuicio de la modificación de regulaciones sustantivas que inciden en los ámbitos civil, comercial, penal y administrativo”, plantea el pleno de ministros.
El informe agrega que: “Ahora bien, en cuanto a las conclusiones del análisis, se han desarrollado observaciones referidas a los procedimientos de remoción, destacando dentro de ellas la idea que no se le debiese asignar a la Corte Suprema el conocimiento de las remociones de miembros de órganos que no tengan origen y autonomía de rango constitucional”.
“Respecto de las autorizaciones judiciales para actuaciones de la Superintendencia, se plantean variados conceptos que permiten mejorar su regulación”, añade.
“En cuanto a las reclamaciones de actos administrativos, se analizan las disposiciones respectivas de acuerdo a si se ajustan o no a los lineamientos que ha entregado la Corte Suprema en la materia, en aras de uniformar los procedimientos contencioso administrativo”, releva.
“Finalmente, en cuanto las disposiciones no consultadas, se esbozan variados puntos de mejora que pueden robustecer las mismas”, concluye.
