Corte Suprema cuestiona proyecto para bloquear sitios de apuestas y califica la propuesta como “innecesaria y sobreabundante”

Nov 19, 2026 | Actualidad

 El máximo tribunal remitió un informe al Senado analizando la moción que busca frenar la elusión digital mediante “sitios espejo”. El Pleno advirtió un desajuste entre el objetivo de combatir las plataformas de juegos de azar ilegales y la reforma procesal propuesta, sugiriendo que eventuales cambios deben encauzarse en la Ley General de Telecomunicaciones o la regulación de casinos.

La Corte Suprema despachó al Senado el Oficio N° 314-2026, firmado por la presidenta suplente Gloria Ana Chevesich Ruiz, mediante el cual fijó su posición institucional frente al proyecto de ley que “Modifica el Código de Procedimiento Civil para regular la ejecución de las resoluciones judiciales de bloqueo de sitios web y plataformas en línea”, correspondiente al Boletín N° 18.699-07.

El requerimiento consultivo había sido elevado al máximo tribunal el 30 de septiembre de 2026 por la mesa de la Cámara Alta, encabezada por el presidente suplente Iván Moreira Barros y el secretario general suplente Julio Cámara Oyarzo, en cumplimiento del artículo 77 de la Constitución Política y de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

El pronunciamiento fue acordado por el Tribunal Pleno en su sesión del 9 de noviembre de 2026, integrada por la presidenta suplente Chevesich junto a los ministros Blanco, Prado, Repetto, Ravanales, Gajardo, López, Astudillo, Ruz, Zepeda, Franulic y la ministra suplente Catepillán. La iniciativa, impulsada por moción parlamentaria, se tramita en su primer trámite constitucional en el Senado sin urgencia asignada. En su preámbulo, la propuesta declara como propósito “fortalecer los mecanismos de cumplimiento de las resoluciones judiciales que ordenen impedir el acceso a plataformas en línea, sitios web o sistemas de la misma índole, estableciendo reglas específicas para enfrentar su elusión mediante nuevos dominios, subdominios o sitios espejo”.

La fórmula técnica del proyecto

El texto legal sometido a análisis propone un artículo único que busca incorporar los artículos 238 bis, 238 ter y 238 quáter al Código de Procedimiento Civil. El primero de estos preceptos habilita a los tribunales a dictar las órdenes necesarias para asegurar el bloqueo efectivo por parte de los proveedores de acceso a internet (ISP), determinando las menciones obligatorias de las resoluciones, los plazos de ejecución y el deber de presentar informes de cumplimiento. Asimismo, regula la posibilidad de ampliar las órdenes judiciales ante la detección de nuevos dominios, subdominios o mecanismos de redirección, siempre que se acredite técnicamente la vinculación con la plataforma original y sin afectar servicios lícitos.

En tanto, los artículos 238 ter y 238 quáter norman las hipótesis de incumplimiento tanto de las empresas proveedoras de conectividad como de los operadores de las plataformas prohibidas, facultando a los juzgados a solicitar antecedentes y aplicar medidas de apremio. La iniciativa plantea además “facilitar la acreditación del cumplimiento de las órdenes judiciales por parte de los proveedores de acceso a internet y establecer criterios que permitan distinguir entre las dificultades técnicas justificadas y el incumplimiento deliberado de las obligaciones impuestas por los tribunales”.

El diagnóstico del Pleno

Al ingresar al examen crítico del contenido, la Corte Suprema identificó un descalce sustancial entre el diagnóstico que motivó la moción y la solución normativa redactada por los legisladores. La resolución del máximo tribunal señala explícitamente que “Lo primero que se observa es un desajuste entre lo que en el fondo el proyecto quiere resolver -la utilización deliberada de mecanismos tecnológicos por parte de las plataformas de apuestas en línea para continuar operando, desobedeciendo con ello el bloqueo decretado judicialmente- y la fórmula escogida para ello”. El informe resalta que, si bien el origen del problema radica en el mercado de las apuestas en línea, ninguno de los tres artículos propuestos hace referencia específica a los juegos de azar, extendiendo la regulación a todo tipo de bloqueo web de forma genérica.

A partir de dicha inconsistencia, la magistratura concluyó que los artículos propuestos “parecen innecesarios y sobreabundantes a la luz de las reglas actuales sobre ejecución o cumplimiento de las resoluciones judiciales del Título XIX del Libro I del Código de Procedimiento Civil”. El Pleno recordó que los jueces ya cuentan con facultades de imperio consagradas en el artículo 76 de la Carta Fundamental y el artículo 11 del Código Orgánico de Tribunales para hacer cumplir sus fallos. De igual forma, el informe subrayó la vigencia del artículo 240 del Código de Procedimiento Civil, precepto que faculta al tribunal a decretar medidas para revertir contravenciones y sanciona con penas de presidio a quien quebrante lo ordenado cumplir, lo que vuelve inoficiosa la adición planteada.

Falla en la técnica legislativa

El análisis del máximo tribunal expuso de igual modo un problema de sistematicidad y técnica legislativa al pretender modificar el Libro I del Código de Procedimiento Civil, cuerpo legal que contiene las “Disposiciones comunes a todo procedimiento” y cuya característica esencial es la aplicación general tanto en materias civiles como en causas penales. Para la Corte, introducir reglas hiperespecíficas sobre proveedores de internet en un título general desvirtúa la estructura del código procesal.

Sobre esta materia, la resolución concluye de forma categórica que “la especificidad de la materia regulada amerita repensar la técnica legislativa escogida, interviniendo en ese caso la regulación sectorial específica que rige las telecomunicaciones o bien los juegos de azar”. En esa línea, la judicatura recomendó que las eventuales adecuaciones deberían encauzarse a través de la Ley General de Telecomunicaciones (Ley N° 18.168), asignando potestades a la Subsecretaría de Telecomunicaciones, o bien mediante la Ley N° 19.995 que regula a los casinos de juego y las atribuciones de la Superintendencia del ramo.

En el cierre de sus observaciones, el informe de la Corte Suprema previno que la elusión de las órdenes judiciales por parte de las casas de apuestas informáticas responde a variables operativas ajenas a las competencias de los tribunales: “Sin perjuicio de lo anterior, también se advierte que el problema al que el proyecto busca poner remedio puede estar en otros factores que no se relacionan con la insuficiencia de poderes de ejecución de los tribunales, ni con la falta de oportunidades de discusión, como sugiere la moción analizada”.

Revisa aqui el informe de la Corte Suprema

 

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