Máximo tribunal accedió a la invitación del gobierno, para hacerse parte del programa que cada cuatro años debe presentar el país en esta materia.
La Corte Suprema aprobó ayer lunes el autoacordado que fija los compromisos del Poder Judicial para cumplir el Plan Nacional de Derechos Humanos 2022-2025. Con esta decisión, el máximo tribunal accedió a la invitación realizada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para participar en la iniciativa.
El documento indica que el Estado, al crear la Subsecretaría de Derechos Humanos -dependiente del Ministerio de Justicia- también acordó crear un plan nacional que abordara esta materia, el cual debía renovarse cada cuatro años.
Así las cosas, en octubre del año pasado el ministro de Justicia, Hernán Larraín, extendió una invitación al Poder Judicial para hacerlos partícipe de este programa.
Tras analizar el requerimiento, la Corte Suprema decidió sumarse a la iniciativa al considerar que “el compromiso claro del Poder Judicial con los Derechos Humanos hace de esta invitación una valiosa oportunidad para asumir la ejecución de acciones que pongan en evidencia este propósito, mediante actividades concretas que puedan ser consideradas en el referido Plan Nacional, respetando la autonomía constitucional que tiene este poder del estado en la emisión de estos deberes y su respectivo seguimiento”.
En concreto, los compromisos del Poder Judicial se enfocarán en cinco aspectos específicos a cumplir:
- Fortalecimiento del acceso a la justicia de personas mayores.
- Mejora en el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia en el Poder Judicial.
- Reactivar el funcionamiento de la Mesa Interinstitucional para Auxiliar a la Justicia, en casos de búsqueda de víctimas de desaparición forzada en el período 1973-1990.
- Fortalecimiento de la implementación de recomendaciones realizadas al Poder Judicial por parte de los órganos de tratados de derechos humanos.
- Recopilación de sentencias destacadas dictadas por la Corte Suprema en materia de DDHH.
Todos estos compromisos, indica el autoacordado, deberán ser ejecutados por las distintas unidades dependientes de la Corte Suprema entre los años 2023 y 2025.
