En una votación dividida tras el regreso del ministro suplente Roberto Contreras, el Pleno del máximo tribunal aprobó la remoción del titular del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago al acreditarse viajes a Costa Rica y Ecuador mientras permanecía con reposo psiquiátrico. La decisión pone fin a 26 años de carrera del magistrado, quien permanece suspendido mientras su defensa tramita recursos de nulidad e insinúa una nueva ofensiva ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
El Pleno de 18 ministros de la Corte Suprema culminó este miércoles la votación del cuaderno de remoción abierto en contra del titular del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, y por mayoría acordó su expulsión del Poder Judicial. La determinación, adoptada tras el regreso del ministro suplente Roberto Contreras para resolver los expedientes que permanecían pendientes, se convirtió en una de las decisiones disciplinarias más duras de las últimas décadas y puso fin a una carrera de 26 años del magistrado en la judicatura.
En la misma sesión, el máximo tribunal resolvió otros cuatro cuadernos de remoción que se mantenían pendientes de votación. De esta manera, la Suprema acordó la salida de tres jueces: uno de ellos apartado de forma unánime con los 18 votos del Pleno y otros dos mediante votaciones divididas, grupo en el que se incluyó a Urrutia. En contraste, los requerimientos presentados contra las juezas María Verónica Arancibia y María José Salas fueron rechazados al no alcanzarse los 11 votos requeridos o determinarse que la involucrada ya no ejercía como jueza al momento de hacer uso de los permisos. Con estas tres nuevas expulsiones, la cifra final de la purga impulsada por la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, para restaurar la confianza pública en la institución llegó a 18 magistrados removidos a nivel nacional.
Los viajes a Costa Rica y Ecuador que sellaron la salida
El procedimiento contra Urrutia se originó a raíz de dos viajes al extranjero realizados a Costa Rica en 2020 y a Ecuador en 2022 mientras hacía uso de licencias médicas de carácter psiquiátrico. Pese a que el magistrado había sido absuelto previamente en el sumario administrativo instruido por la Corte de Apelaciones de Santiago, la Corte Suprema abrió de oficio el cuaderno de remoción al amparo del artículo 80 de la Constitución para evaluar su permanencia en el servicio.
Para la mayoría del Pleno, los viajes acreditados constituyeron una grave falta a la probidad e implicaron concluir que el juez registraba mala conducta, haciendo insostenible su continuidad en el Poder Judicial. Aunque la resolución no ha sido comunicada oficialmente y la votación se mantendrá bajo reserva hasta la redacción final de la sentencia, trascendió que dentro de los 11 votos necesarios para estructurar la remoción estarían las supremas Gloria Ana Chevesich, María Cristina Gajardo, Jessica González y Soledad Melo; los supremos Ricardo Blanco, Arturo Prado, Manuel Valderrama, Jean Pierre Matus, Omar Astudillo y Gonzalo Ruz; además de las ministras suplentes Carolina Catepillán y Eliana Quezada.
Entre la severidad probatoria y la tesis de la “vendetta”
La drástica decisión generó un fuerte remezón interno al interior de la magistratura. Mientras diversos sectores valoraron que el máximo tribunal haya juzgado “a todos por igual” mediante un “análisis caso a caso según su mérito” tras quedar “saturados” del estilo de un juez calificado en algunos círculos como “el niño terrible”, otros estamentos observaron la determinación con suspicacia.
Fuentes críticas del proceso señalaron en privado que la remoción podría lesionar la independencia interna de la judicatura, planteando que el procedimiento masivo por licencias médicas habría sido utilizado como una “vendetta” para sacar del camino a un magistrado que, a lo largo de los años, se había transformado en una figura incómoda para sus pares y superiores. En ese marco, recordaron que en diversos procesos disciplinarios previos Urrutia había salido ileso o al límite de sanciones mayores, destacando además su reputación en el exterior y sus antecedentes favorables ante el sistema interamericano de derechos humanos.
Nulidad procesal y el horizonte en la CIDH
Actualmente, Urrutia quedó suspendido de sus funciones jurisdiccionales a la espera de que se redacte y notifique formalmente el fallo de expulsión. No obstante, de forma previa a la resolución del Pleno, su defensa encabezada por el abogado Carlos Quezada había interpuesto un incidente de nulidad procesal acusando que no se respetó el orden legal de sufragio que exige el Código Orgánico de Tribunales, requerimiento que este miércoles fue derivado por el máximo tribunal para ser resuelto en un procedimiento ordinario.
En el entorno del magistrado se anticipa que, tras agotar los recursos de la vía doméstica en Chile, la estrategia de la defensa apuntará a recurrir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sede internacional donde el juez ya registra fallos previos a su favor.
