La justicia levantó la reserva sobre la identidad del gerente general suspendido de Restomarket, quien enfrenta cargos por sustracción de menores y porte de armas, entre otros ilícitos. Los testimonios de los padres reconstruyen una noche de pánico que incluyó amenazas de muerte y agresiones físicas tras una broma infantil.
El tribunal ha levantado la reserva sobre el nombre y apellido del protagonista de uno de los episodios de violencia ciudadana más comentados de las últimas semanas en el sector oriente de Santiago. Se trata de Andrés Arrieta Arriagada, de 47 años, un emprendedor y exreservista del Ejército que hoy permanece bajo la medida cautelar de prisión preventiva tras una noche que comenzó con un juego de niños y escaló hasta convertirse en un caso de alta connotación penal.
Tras conocerse la gravedad de las imputaciones, la empresa Restomarket, donde Arrieta se desempeñaba como gerente general, informó la suspensión inmediata de su cargo mientras se desarrolla la investigación judicial. El tribunal decretó su encierro al considerar que su libertad constituye un “peligro para la seguridad de la sociedad”, tras ser formalizado por la Fiscalía por un concurso de delitos que incluye la sustracción de menores, lesiones menos graves, amenazas y el porte ilegal de un arma de fuego.
Los 40 minutos de la “cacería del terror”
Los hechos se remontan a la noche del pasado 10 de julio en Vitacura, cuando un grupo de nueve adolescentes realizaba la broma conocida como “ring ring raja”. Según los antecedentes de la investigación, tras tocar el timbre de la casa del imputado por segunda vez, este habría salido “furioso” a bordo de su camioneta Ford New Ranger 4×4, iniciando una persecución que los familiares de las víctimas describen como una verdadera “cacería”.
El relato de los apoderados, que presentaron una querella conjunta, reconstruye cerca de 40 minutos de terror. De acuerdo con las denuncias, Arrieta interceptó a los jóvenes y, bajo amenazas de muerte, los obligó a subir al vehículo asegurando que estaba armado y que era militar. En el trayecto, las intimidaciones subieron de tono: el empresario les habría advertido que los llevaría a una carretera contigua para conducir a 200 kilómetros por hora con el fin de que “se cayeran y se reventaran la cabeza”.
Agresiones físicas y la “selfie” como coacción
El expediente judicial detalla que el imputado no solo se limitó a las amenazas verbales. Una de las madres relató que Arrieta “golpea a mi hijo, lo tira al suelo, le rompe el polerón, le rompe la cadena y lo sigue golpeando en el suelo” antes de forzarlos a entrar a la camioneta. Además, se consignó que el hombre les quitó sus teléfonos celulares para mantenerlos incomunicados durante el rapto.
Un aspecto que ha llamado la atención de los investigadores es la actitud errática del empresario, quien en un punto del recorrido habría intentado relajar el ambiente pidiéndoles una “selfie” en tono humorístico. No obstante, el Ministerio Público y los padres coinciden en que este acto fue una forma de manipulación, pues los menores “accedieron a sacarse esta selfie por temor a que él no reaccionara nuevamente”.
El episodio concluyó solo cuando dos de los jóvenes lograron abrir una puerta trasera y saltar del vehículo en movimiento para pedir auxilio a un automovilista, llegando a la casa donde sus padres se encontraban reunidos gritando: “Ayuda, nos secuestraron, tiene una pistola y nos va a matar”. Ante el escape de parte del grupo, Arrieta decidió liberar al resto de los jóvenes en una esquina, siendo detenido por Carabineros minutos más tarde. Mientras se cumple el plazo de investigación, el tribunal ha mantenido la prisión preventiva para el exoficial de reserva, cuyo comportamiento ha sido calificado por la judicatura como una amenaza directa a la integridad de los menores involucrados.
