En un fallo dividido, la segunda sala del tribunal de alzada capitalino determinó que el “mero transcurso del tiempo” constituye un antecedente suficiente para que el exdiputado deje el anexo Capitán Yáber. Pese al cambio de cautelar, la justicia mantuvo el criterio de que tanto los delitos de fraude al fisco como la participación del imputado se encuentran acreditados.
Tras 90 días de reclusión en el anexo penitenciario Capitán Yáber, el exdiputado Joaquín Lavín León dejará la prisión preventiva. Este jueves, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso presentado por su defensa y revocó la resolución del Séptimo Juzgado de Garantía que, apenas tres días antes, había optado por mantenerlo tras las rejas.
La decisión fue adoptada con un voto de 2-1 por la Segunda Sala del tribunal de alzada, presidida por el ministro Juan Cristóbal Mera. En su lugar, el tribunal impuso las medidas cautelares de arresto domiciliario total, arraigo nacional y la prohibición absoluta de comunicarse con otros imputados o testigos de la causa.
El factor del tiempo y la “fe pública”
El vuelco judicial no se debió a un cuestionamiento de las pruebas presentadas por el Ministerio Público, sino a una ponderación sobre la necesidad de la cautela. Desde la Corte destacaron que no se pusieron en duda los presupuestos materiales —es decir, la existencia de los ilícitos y la participación de Lavín León en ellos—, los cuales se consideran acreditados.
Sin embargo, el tribunal argumentó que “el mero transcurso del tiempo se trata de un antecedente a tener en cuenta” para estimar que la privación de libertad ya no resulta estrictamente necesaria para garantizar los fines del procedimiento. Esta tesis se alinea con lo expuesto previamente por su abogado defensor, Cristóbal Bonacic, quien cuestionó que en instancias anteriores “la resolución mantuvo la prisión preventiva simplemente porque los delitos que se imputan pudiesen haber afectado la fe pública”, sin justificar por qué otras medidas menores no cumplían la misma finalidad.
La trama de los tres esquemas de fraude
Joaquín Lavín León se encuentra bajo investigación por presuntos delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación de documentos, maniobras que habrían significado un perjuicio fiscal cercano a los $189 millones entre 2015 y 2026.
La indagatoria de la Fiscalía apunta a tres esquemas delictivos principales. El primero involucra la rendición de 32 facturas ideológicamente falsas de una imprenta para saldar deudas de campañas electorales con fondos públicos. El segundo, y de mayor cuantía, se refiere al desarrollo de la plataforma digital “SocialTazk”, la cual habría sido concebida para la gestión de bases de datos electorales pero financiada íntegramente con recursos de la Cámara de Diputados. Finalmente, se le acusa de la contratación fraudulenta de una asesora parlamentaria que, según el ente persecutor, no prestó función alguna pese a que el Congreso desembolsó por ella cerca de $39,4 millones.
A estos cargos se suma la arista de tráfico de influencias, donde se indaga si Lavín León, valiéndose de su vínculo con su cónyuge y entonces alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, intervino para instalar a personas de su confianza en cargos directivos de dicho municipio. Con la resolución de la Corte, el exdiputado enfrentará ahora el resto del periodo de investigación desde su domicilio, mientras el Ministerio Público agota las diligencias para reconstruir la trazabilidad de los fondos públicos cuestionados.
