La Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió de manera unánime reabrir la investigación penal sobre la muerte de José Tohá González, exministro de Defensa e Interior del gobierno de Salvador Allende. El tribunal de alzada revocó las resoluciones de la ministra en visita Paola Plaza, quien había decretado el cierre del proceso en dos ocasiones por considerar agotada la indagatoria. Con esta decisión, la causa retorna al estado de sumario, ordenándose una serie de diligencias destinadas a esclarecer lo ocurrido el 15 de marzo de 1974 en las dependencias del antiguo Hospital Militar.
La reapertura se gestó tras los alegatos del abogado querellante Nelson Caucoto y del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, quienes insistieron en que existen pruebas suficientes para derribar la versión oficial de la época. Según los antecedentes de la causa, Tohá fue encontrado ahorcado con un cinturón dentro de un clóset, pesando apenas 49 kilos pese a su estatura de 1,92 metros, un estado de extrema debilidad derivado de las torturas sufridas en Isla Dawson y la Academia de Guerra Aérea. En 2010, tras la exhumación de sus restos, informes del Servicio Médico Legal y de peritos universitarios concluyeron que el deceso es “atribuible a terceros”, contradiciendo la narrativa del suicidio.
Para el abogado Nelson Caucoto, la resolución representa “un nuevo impulso” en un caso histórico que ha tardado décadas en avanzar. El jurista recordó que el camino hacia la verdad ha sido fragmentado: 38 años para cuestionar el suicidio, 41 para lograr condenas por torturas contra oficiales de la FACH y 47 años para el primer procesamiento por homicidio. Al respecto, Caucoto fue enfático en señalar que “es imposible que habiendo sido asesinado don José Tohá en un recinto militar termine la investigación sin determinar los autores de este crimen”.
El proceso judicial ya cuenta con hitos relevantes, como las condenas previas dictadas por el ministro Jorge Zepeda por los tormentos aplicados al exministro. Posteriormente, el ministro Miguel Vázquez logró procesar como encubridor de homicidio calificado a Jorge Luis Chovan, exjefe de gabinete del Hospital Militar, quien falleció recientemente. Con la nueva resolución, la justicia chilena busca cumplir con el mandato del Derecho Internacional, el cual, según la parte querellante, otorga a los familiares el “derecho inalienable e inderogable a que los procesos en que investigan los delitos cometidos contra sus familiares sean completamente esclarecidos”.
