Rodrigo Reyes Duarte, abogado. Director Jurídico de Prelafit Compliance.
En el escenario mundial de pandemia por Covid-19, el Grupo de Trabajo sobre Soborno de la OCDE reafirmó hace unos días su compromiso colectivo de combatir el soborno extranjero en virtud de la Convención Antisoborno.
Es que la pandemia ha significado un desastre en pérdidas humanas, pero también deja una estela de sufrimiento y de dramas económicos en todo el mundo, lo que crea entornos propicios para la corrupción, afectando la respuesta global para enfrentar la crisis.
El Ministro de Salud de Bolivia, por nombrar un ejemplo de un país vecino, fue detenido hace unos días acusado de beneficiarse en una compra sobrevalorada de ventiladores para pacientes con COVID-19. El Estado boliviano había adquirido equipos españoles a un valor de tres veces el precio original.
Chile y el resto de los países afectados, han debido luchar no solo contra el virus, sino también por tratar de conseguir los insumos necesarios para combatir la pandemia.
De hecho, el propio Ministro de Salud advirtió públicamente, hace unos días, los problemas que existen en la distribución de insumos, y sentenció que se había declarado una suerte de “guerra de respiradores” en el mundo, que incluían sorprendentes incautaciones y que obligaban a manejar la información en secreto, con miras a proteger la llegada de los insumos al país.
Es que a medida que los gobiernos luchan contra la pandemia, la primera respuesta implica esfuerzos para mitigar el impacto en la salud, procurarse rápidamente suministros médicos, trasladarlos a los diversos recintos asistenciales, garantizar el despacho de aduana rápido de los insumos y equipamiento importados, movilizar a trabajadores de salud adicionales, trasladar enfermos graves a otras regiones, todas actividades riesgosas de corrupción.
Además, las políticas de asistencia del gobierno y que son vitales: pagos de bonos, distribución de alimentos y apoyo a entidades del sector privado, tanto formales como informales; son vulnerables también a la corrupción.
Incluso los riesgos de corrupción no solo se limitan al uso de fondos estatales, sino que también se aplican a fondos recaudados en campañas de donaciones públicas.
A esto se suma que los delincuentes están intentando explotar al COVID-19 en todo el mundo a través de distintos esquemas de fraude. En los Estados Unidos, por ejemplo, el Departamento de Justicia advirtió respecto de estafas en las atenciones médicas, con criptomonedas, intentos de chantaje, ofrecimientos falsos de trabajo, pago de tratamientos, equipos o insumos inexistentes, e incluso estafas de inversión.
Se debe estar atentos, dice el DOJ, a los fraudes relacionados con programas de asistencia del gobierno o asistencia financiera a personas y empresas.
¿Qué necesitamos? Más que nunca necesitamos respeto al estado de derecho, integridad en la contratación pública, más transparencia, más protección de los denunciantes y más libertad de prensa para luchar contra todas forma de corrupción, especialmente la corrupción que podría socavar la respuesta efectiva a la pandemia.
Pero el problema es que la pandemia requiere soluciones urgentes y la velocidad puede provocar un accidente en los procedimientos normales diseñados para controlar los riesgos de corrupción.
Estimo que el primer paso, como en todo levantamiento de riesgos, es reconocer los procesos riesgosos y luego buscar estrategias para mitigar esos riesgos, sin obstaculizar la respuesta del gobierno.
No es fácil hoy día, porque muchos organismos y empresas se han visto obligados al trabajo remoto cuando no estaban preparados para ello. Esto ha creado un entorno donde hay demoras o una interrupción completa en la realización de due diligence y selección de nuevos proveedores.
Frente a urgencias crecientes que conducen a deficiencias en controles, aumentar la frecuencia de las auditorías y las revisiones de gastos puede significar un ayuda importante.
También es probable que la respuesta a la pandemia de COVID-19 aumente los riesgos de lavado de activos que provienen de actividades ilícitas. Los fondos recaudados o desviados en actividades ilícitas requieren ser ocultados, disimulados y luego blanqueados, utilizando diversas estrategias. Ahí son imprescindibles las políticas orientadas al conocimiento del beneficiario final y reforzar las políticas antilavado del sector financiero.
En suma, especialmente en esta época necesitamos mejor gestión de los riesgos de corrupción: revisar las políticas, procedimientos, en línea con la urgencia, pero con un fuerte enfoque en los controles eficientes. Procurar incrementar la transparencia de los procesos de adquisiciones y todos aquellos que sean especialmente susceptibles a episodios de corrupción Covid-19 y tener especial cuidado con la protección e incentivo de denunciantes. No existen controles duros con la corrupción, y siempre pudiere aparecer un cisne negro, pero lo importante acá es intentar implantar medidas preventivas eficientes, para intentar mitigar los riesgos evidentes que supone esta pandemia.
