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“No puedo reconocer como cierto el supuesto compromiso de la Presidenta” y “son totalmente falsas las informaciones sobre el cierre de Punta Peuco en septiembre”, son algunas de las frases de los mensajes a los que accedió En Estrado.
Un e-mail enviado desde el Ministerio de Justicia a la jefa de gabinete de Bachelet en noviembre de 2017 indica: “Puesto que, si ello fuese efectivo (la versión del cierre en septiembre de 2017), querría decir que la Presidenta faltó a la verdad o ha incumplido sus compromisos, dado que ya estamos en el mes de Noviembre. Antes, me quemo en la Plaza de Armas. Cariños’”.
Ya en septiembre de 2016, en una minuta preparada para el comité político, se planteaba que “se acerca el 11 de septiembre, fecha en la cual el sector vinculado a los derechos humanos y el ala más de izquierda de la coalición espera signos de reconocimiento por parte del Gobierno. Parece importante preparar ese evento y los signos que se instalarán. Dentro de ellos está el nombramiento del subsecretario/a de DDHH. Y puede pensarse algún gesto simbólico fuerte, como el cierre del penal de Punta Peuco”.
Se cimentaba un camino para el término del penal, cumplir un compromiso que se escuchó durante años. Sin embargo, nunca se concretó.
**Los correos enviado por Presidencia vía Transparencia venían con los nombres eliminados.
Andrés López Vergara, En Estrado.
Carmen Gloria Quintana mantuvo una conversación con la Presidenta Michelle Bachelet en agosto de 2015. Un diálogo, una promesa cuyo eco se mantuvo hasta el último día de su gobierno en marzo de 2018.
“Yo estuve conversando con la presidenta Bachelet y ella me comunicó que Punta Peuco se va a cerrar en septiembre y que también todas las medidas que yo le pedí, ella las va a hacer llegar como proyecto de ley al Congreso», manifestó Quintana, quien en 1986 fue interceptada junto al fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri por una patrulla de militares la que los golpeó, roció con combustible y quemó. Los victimarios fueron condenados a 10 años de presidio por el homicidio calificado de De Negri y el homicidio calificado en calidad de frustrado de Quintana.
Pasaron los años y en 2017 el debate en torno al cierre del penal que alberga a los militares condenados por violaciones a los derechos humanos se tomaba la agenda. La presión venía de los abogados de un grupo de reclusos que pedían un indulto por razones humanitarias y cumplir la pena en sus domicilios, lo que fue rechazado por Bachelet. Por otra parte, las agrupaciones defensoras de DD.HH. apuntaban a que debían cumplir sus sentencias en cárceles comunes y cobraban la palabra de la Mandataria que durante la campaña comprometió el término de ese recinto.
Había consenso en que no se debía entregar ningún indulto si es que no había un arrepentimiento expreso del recluso, dado que es uno de los delitos más graves según el Derecho interno e internacional. Imprescriptibles e inamnistiables, un criterio que sigue vigente.
Era su último año al mando del Ejecutivo y también su último septiembre. La fecha se acercaba y la preocupación también. De hecho, el 9 de agosto de 2017, la entonces Presidenta manifestó en una entrevista en CNN al ser consultada sobre el cierre: “Yo voy a cumplir con todas las promesas que he hecho y que esté en mis manos hacerlo”.
Una prueba de que el gobierno venía planificando este escenario desde de 2017 quedó plasmado en un correo que se envió desde el Ministerio de Justicia a la casilla de la jefa de gabinete de Michelle Bachelet, Ana Lya Uriarte, al que En Estrado accedió vía Ley de Transparencia tras un fallo de la Corte Suprema que ordenó a Presidencia entregar estos antecedentes.
Evaluación
“Querida, aquí va la minuta. La pregunta es: “¿Quiere la presidenta abrir la discusión sobre enfermos terminales, indultos humanitarios y otras formas humanitarias de poner fin a la cárcel efectiva? Eso significa apoyar o presentar proyectos de ley en la materia”, señala la persona cuyo nombre fue borrado. El mensaje es de abril de 2017.
Agrega “tomar en cuenta que: a) No hay más enfermos terminales en Punta Peuco. b) El Congreso lo está viendo (no sería necesario hacerlo, podrían tomarlo ellos). C) El juez tiene facultades para que los enajenados mentalmente se vayan para la casa (no así enfermos terminales) d) Igual creo que habría que salir a dar vuelta el discurso la humanidad también es saber dónde están”. La respuesta de Uriarte fue un “Ok. Querida! Recibida”.
El tema sobre cómo enfrentaría el gobierno las violaciones de los derechos humanos, la prisión de los condenados y las señales que se debían entregar ya había sido abordado en el Comité Político del 5 de septiembre de 2016.
En una minuta que está entre los documentos enviados por Presidencia vía Transparencia se plantea que “se acerca el 11 de septiembre, fecha en la cual el sector vinculado a los derechos humanos y el ala más de izquierda de la coalición espera signos de reconocimiento por parte del Gobierno. Parece importante preparar ese evento y los signos que se instalarán. Dentro de ellos está el nombramiento del subsecretario/a de DDHH. Y puede pensarse algún gesto simbólico fuerte, como el cierre del penal de Punta Peuco”.
El documento agrega: “La Presidenta viaja luego de las fiestas patrias a la AGNU (Asamblea General de la Naciones Unidas). Serán en conjunto casi diez días en que ella estará relativamente distante de la ciudadanía. En estos momentos eso puede tener un efecto negativo de cara a las próximas encuestas. Se requiere que en los días que quedan hasta su partida se intensifique su presencia en eventos ciudadanos. se déficit podría ser solucionado con una clara instrucción presidencial”.
Pasó septiembre y el 23 de diciembre de 2016 Ana Lya Uriarte recibió un correo desde la Subsecretaría de Justicia. “Dados los tiempos de gran ocupación en el que estamos, me ha solicitado que te escriba para que podamos coordinar, si te parece, un acto donde el Gobierno recepciona positivamente las recomendaciones del Subcomité contra la Prevención contra la tortura y responde a través de un informe (que coordinamos junto a MINREL) junto a otras señales que evidencian avance en la materia”, señala el mensaje.
La respuesta fue rápida. Uriarte sabía el complejo escenario en torno a Punta Peuco, dada la ceremonia ecuménica que se realizó en el penal en que un grupo de condenados por violaciones a los DD.HH pidió perdón. “Estimados: Por favor les ruego lean con detalle este mail. Lo enviaron el viernes. La Pdta. no conoce la situación. La evaluación política no es menor atendido el tema del ‘perdón’ de los 9 sujetos de Punta Peuco y el ambiente que existe. Me cuentan como lo ven y los espacios que tenemos…. Pocos. Cariños”.
No se cierra en septiembre
Ya en agosto de 2017 el tema tomó color de hormiga porque el 11 de septiembre se acercaba y comenzaban a trascender en los medios que se preparaban planes de traslados de los militares condenados, debido a que la capacidad del penal estaba al máximo. Se barajaron traslados a Colina I, transformar el edificio de enfermería en celdas, entre otras medidas. Nunca nada se confirmó oficialmente.
Esa incertidumbre se cruzaba con la preocupación de cómo reaccionaría el Ejército ante el cierre que supuestamente se llevaría a cabo en septiembre. Así lo demuestra otro de los mensajes enviados a Uriarte cuyo asunto era “consideración militar…”.
“Amiga querida, te distraigo de tus múltiples afanes diarios para compartir una inquietud: Creo que no sería oportuno cerrar Punta Peuco el mes de septiembre, ‘mes de las Glorias del Ejército’… Estimo que el mes de septiembre estaré en el país (por receso de la mesa de negociaciones), así que si tú y Xxx están disponibles… Un abrazote estrecho”, señala el mensaje del 11 de agosto de 2017.
La respuesta de esa inquietud por parte de la jefa de gabinete ocurrió cuatro horas más tarde: “Querido: Son totalmente falsas las informaciones sobre el cierre de Punta Peuco en septiembre. Mil gracias por el posible encuentro en septiembre. Te damos un ‘silbido’ y nos juntamos. Abrazos Ana Lya”. Así, internamente ya se tenía descartado el cumplimiento de la promesa efectuada a Quintana en 2015. Punta Peuco sigue funcionando.
El correo de Justicia
“¿Alguien ha escuchado decir a la Presidenta que va a cerrar Punta Peuco? Yo no”. Esa frase fue emitida el 8 de noviembre de 2017 por el entonces ministro de Justicia, Jaime Campos, ante las constantes preguntas sobre el fin de Punta Peuco.
Incluso la postura frente al diálogo sobre la base al respeto a las víctimas de violaciones de derechos humanos que tenía Bachelet, confrontaba con la forma en que Campos se refirió a Quintana, quien reafirmaba sus dichos que la Presidenta le había prometido el cierre del penal. “Yo lo único que sé es que una señora dijo que había hablado con la Presidenta de la República y la Presidenta le había dicho, y el resto han sido puras interpretaciones”, dijo el ministro durante una visita al Congreso.
Sus dichos contrastan con los correos publicados en este reportaje, los que daban cuenta que desde 2016 ya existían comunicaciones internas con la jefa de gabinete respecto del cierre del penal.
En un correo desde el Ministerio de Justicia enviado el 9 de noviembre a la casilla de la jefa de gabinete de Bachelet se habla de estas declaraciones. La identidad de la persona aparece eliminada.
“Estimada Ana Lya: Te adjunto copia de la carta que acabo de enviarle a xxxx. Se explica por sí misma. Como comprenderás, en todo este lío comunicacional que han armado, no puedo reconocer como cierto el supuesto compromiso de la Presidenta con xxxx, en orden a que ‘la Presidenta se comprometió a cerrar Punta de Peuco en Septiembre del 2017 como ella ha declarado (sobre el cierre)’”, comienza el mensaje.
Luego este funcionario de gobierno agrega sobre los dichos de Quintana -que sufrió graves quemaduras tras el intento de homicidio de la patrulla militar-: “Puesto que, si ello fuese efectivo, querría decir que la Presidenta faltó a la verdad o ha incumplido sus compromisos, dado que ya estamos en el mes de Noviembre. Antes, me quemo en la Plaza de Armas. Cariños”.
Ese mismo día, ahora en la esfera pública, las agrupaciones de DD.HH. y Quintana salieron al paso sobre los dichos de Campos que descartaba el cierre de recinto. Pidieron su renuncia.
Carmen Gloria Quintana pidió que Campos se disculpara públicamente: “Parece un abogado defensor de genocidas y delincuentes de lesa humanidad presos en Punta Peuco. Es un hecho de conocimiento público que tuve una reunión con la Presidenta. Después de dicha reunión, a los pocos minutos hice un punto de prensa en el mismo Palacio de La Moneda, en la que hice público lo que me manifestara la Presidenta respecto de su deseo de cerrar el penal de Punta Peuco. En consecuencia, exijo al ministro Campos disculpas públicas”, dice el texto.
El emplazamiento generó consecuencias. Ese 9 de noviembre Campos reconoció que se estaba estudiando el término del establecimiento penitenciario y la entonces vocera de gobierno, Paula Narváez, señaló “el gobierno en su conjunto tiene el máximo respeto por la persona de Carmen Gloria Quintana, por su trayectoria, por su lucha en favor de los derechos humanos y por su trayectoria profesional”.
Sin embargo, pese a toda la planificación, los análisis, las señales, llegó el 11 de marzo de 2018. Los años pasaron, pero Punta Peuco aún sigue, así como el dolor de las víctimas de violaciones de derechos humanos.
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