En un escrito de 56 páginas presentado ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, la Corporación Administrativa argumentó que carece de potestades disciplinarias sobre los jueces y sostuvo que los perjuicios alegados por el destituido magistrado derivan de resoluciones de los tribunales superiores. La audiencia preparatoria del caso quedó fijada para este 16 de noviembre.
Un categórico rechazo formuló la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) a la demanda de tutela laboral e indemnización de perjuicios presentada por el hoy removido juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia Laubreaux. En la acción civil, ingresada dos meses y medio antes de que la Corte Suprema acordara su expulsión por el uso de licencias médicas en el extranjero, el exmagistrado exigió el pago de $77.486.000 por concepto de daño moral, además de solicitar la suspensión del cuaderno disciplinario seguido en su contra.
Según los antecedentes del proceso judicial dados a conocer por Ex-Ante, la contestación fue ingresada por la entidad representada legalmente por la presidenta del máximo tribunal, Gloria Ana Chevesich, ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. En el libelo de 56 páginas, el organismo solicitó al tribunal que “rechace en todas sus partes la denuncia de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales durante la vigencia de la relación laboral, actos de discriminación e indemnización de perjuicios por daño moral interpuesta en contra de la Corporación Administrativa del Poder Judicial“, pidiendo además la condena en costas para el demandante “por no haber tenido motivo plausible para litigar”.
La incompetencia disciplinaria
El eje central de la contestación radica en la falta de legitimación pasiva de la institución respecto de las funciones jurisdiccionales. Al respecto, el organismo fue enfático en señalar “Que no se ha acreditado una relación de carácter laboral o de subordinación y dependencia entre el denunciante y mi representada en los términos invocados en la demanda”, fundamentando que “el nombramiento de los jueces de la República no lo realiza la Corporación Administrativa del Poder Judicial, pues esta no tiene competencia legal para ello. De igual manera, mi representada no ejerce las potestades jurisdiccionales ni disciplinarias que corresponden a los tribunales superiores de justicia respecto de los integrantes del escalafón primario del Poder Judicial”.
Bajo esa misma línea, la defensa institucional desestimó la pretensión de Urrutia para intervenir o frenar el proceso sancionatorio interno incoado por el máximo tribunal. El escrito precisó “Que no procede ordenar a mi representada dejar sin efecto, suspender o neutralizar la tramitación del cuaderno de remoción AD 1125-2026, ni adoptar decisiones respecto de las actuaciones disciplinarias cuestionadas, por tratarse de materias cuya resolución corresponde exclusivamente a la Corte de Apelaciones de Santiago y a la Corte Suprema”.
Inexistencia de conducta antijurídica
En su libelo de origen, presentado el 13 de agosto, el exjuez acusó haber sufrido afectaciones a su integridad durante la tramitación del expediente de remoción, afirmando que “Pese a la publicidad de estos hechos y al riesgo para mi integridad, no se me proporcionaron medidas suficientes de seguridad, contención, apoyo psicológico, rectificación institucional, reserva ni protección frente a nuevas amenazas”.
Frente a dichos reproches, la CAPJ sostuvo “Que no se han vulnerado por parte de mi representada los derechos fundamentales invocados por el denunciante, ni se ha acreditado la existencia de actos de discriminación o represalias atribuibles a esta Corporación”. En el plano de la atribución de responsabilidad, la contestación recalcó que “Los principales hechos que el denunciante identifica como fuente de su afectación corresponden a decisiones adoptadas por la Corte de Apelaciones de Santiago y la Corte Suprema, y a publicaciones y expresiones efectuadas por terceros, sin que se haya acreditado intervención de la Corporación en ellos”.
Además, el organismo descartó omisiones en materia asistencial, precisando que “Tampoco consta que mi representada haya rechazado solicitudes de apoyo psicológico, impedido el acceso a los mecanismos institucionales de contención emocional o desatendido requerimientos de coordinación con Salud Ocupacional”. Con estos antecedentes, la institución concluyó “Que no procede la indemnización por daño moral solicitada, ascendente a $77.486.000, ni otra suma por dicho concepto, por no haberse acreditado una conducta antijurídica imputable a la Corporación ni el nexo causal necesario entre su actuación y el daño reclamado”.
El contexto de la remoción
La tramitación de esta causa laboral coincide con el desenlace de la vía disciplinaria que puso fin a los 26 años de carrera de Urrutia en el Poder Judicial. El pasado 28 de octubre, el pleno de la Corte Suprema comunicó la remoción del magistrado junto a otros 17 jueces por infringir el deber de buena conducta consagrado en el artículo 80 de la Constitución, tras constatar viajes al exterior mientras hacían uso de licencias médicas.
El Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago fijó para las 8:30 horas del próximo lunes 16 de noviembre la audiencia preparatoria por vía remota mediante la plataforma Zoom. En dicha instancia se revisará la contestación y se determinarán los hechos sustanciales de la causa, mientras el exjuez evalúa recurrir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para cuestionar la sanción dictada por el máximo tribunal.
