La actividad contó con distintos expertos de las instancias judiciales.
Con una alta sintonía de visitas, ayer se realizó una nueva edición del Conversatorio Judicial. En la instancia, diversos expertos debatieron sobre cómo se presentan el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública y el Poder Judicial en la propuesta de nueva Constitución. Este texto será objeto de plebiscito este domingo 4 de septiembre, en que los ciudadanos se manifestarán respecto a si aprueban o rechazan el documento.
La exposición fue transmitida por las redes de En Estrado y la primera persona en tomar la palabra, para presentar a los expositores, fue la jueza de garantía y directora del Conversatorio Judicial, Vania Boutaud.
Las exposiciones comenzaron con Francisco Bravo, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales. El persecutor indicó que “nos reunimos con cerca de 100 convencionales y les planteamos cuál era nuestra visión de lo que debería ser la fiscalía”.
Bravo explicó que “hay un aspecto que es novedoso, y es el control que ejercería la Contraloría. Eso no existe en la Constitución actual”. Agregó que “eso no fue planteado por la Asociación de Fiscales y la respuesta que tuvimos de los profesores que invitamos a nuestro proceso, es que en general los órganos autónomos no ejercen controles entre sí”.
Para el fiscal, “es importante que se mantiene el carácter jerárquico. Eso se había suprimido en una primera instancia por la Comisión 6. Nosotros insistimos que eso se repusiera, porque otorgaba un profundo sentido democrático, en el sentido que se asegura a la ciudadanía un mismo trato”.
Un aspecto a destacar, de acuerdo a Bravo, es que “en el caso del fiscal regional sí hay una cosa que es problemática. Que en la intervención de la terna para ser fiscal regional interviene la asamblea regional, que es un órgano político, y eso en mi opinión es un tema complejo”. Añadió que “hay cosas que no quedaron. Nosotros, por ejemplo, aspirábamos al derecho de las víctimas también fuera relevado a rango constitucional, y el derecho de las víctimas con la reparación. Yo creo que hay una deuda con los derechos de las víctimas”.
Luego, fue el turno de Pelayo Vial, quien hasta 2015 era el jefe de Estudios de la Defensoría Metropolitana Norte. Para el abogado, uno de los aspectos destacables, es que la propuesta considera la autonomía de la Defensoría. Esto es relevante porque “la defensa, en algún momento, se puede enfrentar con el Poder Ejecutivo. Esa es la realidad y eso ha sucedido. Por ejemplo, en la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, muchos en la Defensoría dijimos que no estaba en condiciones de implementarse. Se implementó y pasó lo de Puerto Montt”.
Vial añadió que la autonomía también “es necesaria como contrapeso al poder que tiene el Ministerio Público”. Dijo también que “no se debe esconder que debe haber un sistema externo, sobre todo que fiscalice la calidad de la defensa (…) y no quiero que por ser autónomo, un organismo no sea incontrolable en cuanto a la prestación que nos tiene que dar. Ese es el gran desafío”.
Al finalizar esta exposición, la jueza Boutaud señaló que “me parece que es fundamental la autonomía de la Defensa Penal Pública, y absolutamente relevante lo que dice relación con la fiscalización. Me parece que eso será tema de debate”.
El siguiente en exponer fue el juez de Letras Sergio Henríquez, quien realizó un análisis Foda del Consejo de Justicia planteada en la propuesta constitucional. “Se puede ver como una debilidad que los jueces no sean mayoría (…) Nada garantiza que funcionarios judiciales unan fuerzas con los magistrados. Nada garantiza que tengan una mirada similar”.
Henríquez añadió que “no veo que se hayan tomado medidas para evitar lo que pasó en España, que suficientes bloques políticos se pongan de acuerdo y se bloqueen los nombramientos”.
Las ponencias finalizaron con Adolfo Alvarado, director de la Maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Se trata de una autoridad en la materia, con reputación a nivel internacional.
“Tengo muy claro que la Constitución es un elemento esencialmente político”, comenzó indicando. Luego, dijo que “hay cosas que inciden en lo jurídico. Por ejemplo, en el Consejo de la Magistratura”.
“Quiero comentar algo que me preocupa profundamente, simplemente como americano. Yo he vivo la formación inicial de los Consejos de la Magistratura. Sé lo que pasó y sé el resultado nefasto y perverso que en todas partes de América Latina esto funciona”, señaló Alvarado. También aseguró que “esto de verdad no funciona. No funciona en Argentina, no funciona en Perú, no funciona en Guatemala, no funciona en ninguna parte del mundo. ¿Y ustedes están aspirando a tenerlo? Miren bien, de verdad”.
Ya al término de su exposición, dijo que “el valor de la libertad no lo veo consagrado en este proyecto. Veo muchas libertades, pero no la libertad. Que me sienta libre y me respeten como hombre. Ese derecho tampoco lo tengo en mi Constituciones. En pocas está”.
El encuentro fue moderado, además de la jueza Vania Boutaud, por las magistradas Andrea Díaz-Muñoz y Alejandra Apablaza.
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