La instancia contó con la participación del abogado Francisco Estrada, la jueza de garantía Vania Boutaud y el abogado Pablo Aranda.
Las Fiscalías Judiciales de la Corte de Apelaciones de Antofagasta organizaron un conversatorio, que se realizó esta tarde y tuvo como objetivo abordar la temática del “Tratamiento diferenciado de adolescentes y adultos en cuanto a las sanciones privativas de libertad”.
Para esta actividad, la instancia contó con la participación de tres expertos:
El abogado Francisco Estrada Vásquez, Magister en Derecho con mención en Derecho de Infancia, Adolescencia y Familia, de la Universidad Diego Portales. Es, también, director de INFAJUS. Estrada abordó el tema “Sustitución, Quebrantamiento y traslado en la Ejecución Penal Juvenil”.
La jueza de garantía Vania Boutaud Mejías, Magíster en Derecho Público con Mención en Derecho Constitucional de la Universidad Católica de Chile. Es, también, la Directora Conversatorio Judicial. La magistrada centró su exposición en las “Consideraciones especiales para el cumplimiento de las sanciones en RPA”.
Y el abogado Pablo Aranda Aliaga, Doctor en Derecho en la Universidad Johann Wolfgang Goethe, Alemania y Jefe del Departamento de Estudios y Proyectos de la Defensoría Penal Pública. Su ponencia trató sobre “Adolescentes y Privación de Libertad, consideraciones para su excepcionalidad, brevedad y tratamiento privilegiado”.
En la actividad, los tres expositores fueron concluyentes en las carencias que viven día a día los menores infractores, que experimentan una situación de mucha vulnerabilidad y donde conjugan factores como el consumo problemático de drogas y alcohol; pero especialmente la escasa oferta programática en materia de salud mental en los adolescentes.
El abogado Francisco Estrada destacó la importancia de haberse aprobado en el Congreso el proyecto que crea el Servicio de Reinserción Nacional Juvenil y de la importante reforma que ello implica, además a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, ya que cuenta con recursos novedosos y porque da soluciones colaborativas.
Por su parte, Pablo Aranda abordó las consideraciones especiales que se deben tener en el caso de los adolescentes, como son la especialidad de la materia, la excepcionalidad de las sanciones, lo breve que deben ser los procesos y el trato privilegiado que se debe dar a niños, niñas y adolescentes en concordancia con la normativa internacional a la cual se encuentra sujeta nuestro país. En esa línea, hizo hincapié en la observación a los artículos 20 y 44 de la Ley 20.084, ya que en estos casos la sanción debe formar parte de una intervención socioeducativa amplia y orientada a la plena integración social de los adolescentes.
Finalmente, la jueza de garantía Vania Boutaud planteó la necesidad de tener siempre a la vista una serie de factores que hoy inciden en el cumplimiento de las sanciones en materia de Responsabilidad Penal Adolescente, cuales son que muchos jóvenes enfrentan el sistema sin una red familiar que los apoye; en muchos casos completamente abandonados y sin adultos responsables, con una larga deserción escolar. Esto que implica que los programas de reinserción deben ser efectivamente personalizados, que permitan a los jóvenes entender el proceso que están viviendo, lo que lleva consigo mejorar la oferta programática que hoy existe, ya que se requiere muchas veces que recién en la etapa ejecución de una sanción, detectar condiciones de discapacidad psíquica y cognitiva en menores que nunca han tenido un diagnóstico y evaluación médica; además de que se puedan insertar en un programa que les permita rehabilitarse del consumo problemático de drogas que enfrentan, y que incide en que van acumulando sanciones que no se cumplen y que, eventualmente, son quebrantadas, lo que implica que terminan cumpliendo condenados de menores pero como adultos.
Esos son los nudos críticos que reconocieron todos los expositores y que hoy enfrenta la Justicia Penal Juvenil.
