El ente fiscalizador concluyó que la otrora titular de Seguridad excedió sus atribuciones al solicitar a la PDI información detallada y una nómina de funcionarios vinculados a una investigación penal en curso en Tarapacá. El fallo vincula este actuar con una transgresión al principio de probidad, dada la relación previa de la autoridad con la causa en su etapa como fiscal regional.
La Contraloría General de la República emitió este jueves un dictamen que cuestionó la procedencia de las actuaciones de la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, durante sus primeros días en el gabinete. El organismo estableció que la exautoridad “excedió sus facultades al pedir información sobre la investigación del ‘Clan Chen’ en Tarapacá”, faltando gravemente a su “deber de abstención” respecto de un proceso judicial en el que tuvo un grado de involucramiento previo.
El conflicto se originó el 13 de marzo, apenas 48 horas después de que Steinert asumiera la cartera, cuando envió un oficio reservado al director general de la PDI, Eduardo Cerna. En dicho documento, solicitó antecedentes de una Brigada Antinarcóticos específica que llevaba una causa RUC determinada contra el denominado “Clan Chen”, una organización dedicada al crimen organizado en la zona norte.
La nómina detallada y el exceso de atribuciones
Según el informe del ente fiscalizador, el requerimiento no fue una solicitud general de gestión, sino que incluyó datos sensibles de la persecución criminal. El dictamen detalla que “la exautoridad requiere que se adjunte la nómina detallada (nombre completo, cédula de identidad y grado de los funcionarios trasladados y/o cesados en sus funciones investigativas respecto de una causa RUC específica que cita)”.
Además, Steinert exigió que se informaran los fundamentos de estos traslados, los cargos actuales de cada funcionario y que se remitiera la “copia íntegra de cualquier denuncia administrativa, sumario interno o denuncia penal” que hubiera motivado lo que ella calificó como la “remoción” de dichos efectivos.
Ante estos hechos, la Contraloría fue tajante al determinar que “la actuación analizada no se ajusta estrictamente a las atribuciones y funciones que el ordenamiento jurídico asigna a la autoridad ministerial de que se trata y no se aviene con su deber de abstención”. El organismo subrayó que no se advierte cómo estos requerimientos específicos podrían enmarcarse en las tareas de planificar o monitorear políticas de seguridad, que son las que legalmente le competen al Ministerio de Seguridad.
La arista de Consuelo Peña y la salida del gabinete
El dictamen también arroja luz sobre la polémica salida de la exsubdirectora de Inteligencia de la PDI, Consuelo Peña, quien dejó la institución tras 36 años de servicio poco después de estos requerimientos. Si bien Steinert negó presiones, diversos reportes indicaron que habría solicitado personalmente su remoción debido a diferencias arrastradas desde la época en que la exministra era fiscal regional de Tarapacá, periodo en el cual Peña encabezaba investigaciones que colisionaban con el criterio de la fiscalía local.
El diputado Raúl Leiva (PS), uno de los parlamentarios que llevó el caso a Contraloría, señaló que este fallo es grave porque demuestra que se “instrumentaliza un requerimiento para un órgano del Estado donde tenía un grado de involucramiento”, rompiendo la delimitación necesaria entre el poder político y la persecución criminal.
Aunque el dictamen llega después de que Trinidad Steinert fuera removida de su cargo el pasado 19 de mayo en un cambio de gabinete, el resultado judicial administrativo reabre la discusión sobre una eventual acusación constitucional o la creación de una comisión investigadora para establecer responsabilidades políticas por este quiebre de la probidad administrativa.
