El informe del organismo fiscalizador reveló que 84 de los casos corresponden a Carabineros de Chile, seguidos por ramas de las Fuerzas Armadas y diversos municipios del país. La Contraloría ordenó abrir investigaciones administrativas para determinar responsabilidades por omitir la notificación del fallo y aplicar el cese de funciones por inhabilidad sobreviniente.
Un informe publicado por la Contraloría General de la República (CGR) enciende las alarmas al interior de la administración pública. De acuerdo con los datos contenidos en el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N° 29, el ente de control detectó a un total de 315 servidores públicos que continúan en el ejercicio de sus funciones a pesar de mantener condenas penales vigentes por crímenes o simples delitos.
El cruce de información se sustentó en la fiscalización e integración de bases de datos del Registro Nacional de Condenas del Servicio de Registro Civil e Identificación, el Servicio Electoral (SERVEL) y el Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado (SIAPER). El levantamiento identificó 317 registros de condena vinculados al universo de 315 personas, constatando que dos de los funcionarios involucrados registran más de un fallo adverso en la sede penal.
El estatuto legal de la inhabilidad sobreviniente
El análisis jurídico del organismo fiscalizador parte invocando el marco regulatorio contemplado en el artículo 54 letra c) de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, disposición que prohíbe el desempeño en la función pública a quienes hayan sido condenados por un crimen o simple delito.
La doctrina administrativa del informe precisa que cuando un funcionario es condenado durante el ejercicio de su cargo se genera de manera automática una “inhabilidad sobreviniente” que le impide seguir ejerciendo el rol asignado. En estos casos, la normativa obliga al servidor afectado a informar la sentencia a su superior jerárquico dentro de un plazo perentorio de 10 días y a presentar la renuncia correspondiente a su puesto. Al no concretarse dicha dimisión ni tramitarse la destitución formal por las jefaturas de servicio, los involucrados han permanecido contratados al margen de las exigencias de probidad funcionaria.
Carabineros, las FF.AA. y los municipios
Al desglosar la gravedad de los fallos, el documento detalla que 73 registros corresponden a condenas por crímenes (equivalentes al 23% de los casos), mientras que 244 corresponden a simples delitos (representando el 77% restante).
En cuanto al reparto por dependencias, 166 funcionarios pertenecen al Gobierno Central y 149 a Gobiernos Locales. La institución que encabeza la nómina de irregularidades es Carabineros de Chile, con 84 uniformados en situación de condena. Le siguen el Ejército de Chile con 22 casos, la Armada de Chile con 8, la Municipalidad de Valdivia con 6 y la Fuerza Aérea de Chile con 5. Asimismo, la fiscalización detectó 4 casos en las municipalidades de Hualpén, Tierra Amarilla, Chillán y Puerto Montt, además de 3 funcionarios en el municipio de Tocopilla.
Por estamentos, el informe revela que 109 involucrados corresponden a las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad, 83 a personal contratado bajo el Código del Trabajo, 41 al estamento auxiliar, 31 a profesionales, 22 a prestadores a honorarios, 13 a técnicos, 10 a administrativos y 5 a cargos directivos.
Un punto de especial atención en el ámbito punitivo es que 41 de las condenas, equivalentes al 13% del universo total, corresponden a ilícitos tipificados en el Título V del Libro II del Código Penal, referido a los “crímenes y simples delitos cometidos por empleados públicos en el desempeño de sus cargos”.
Evaluación caso a caso
Frente al hallazgo, la Contraloría introdujo una precisión técnica para el juzgamiento administrativo. El reporte hace presente que en los cargos auxiliares y administrativos una condena por simple delito no constituye un impedimento absoluto de ingreso o permanencia, siempre y cuando el ilícito no corresponda a aquellos delitos cometidos por empleados públicos en el ejercicio de sus funciones. Por este motivo, el ente fiscalizador encomendó a las jefaturas de servicio revisar minuciosamente los antecedentes de cada caso.
Junto a ello, la CGR instruyó a las entidades involucradas la apertura inmediata de investigaciones sumarias para fijar responsabilidades administrativas por la omisión de notificar la condena en el plazo legal e iniciar la desvinculación formal por inhabilidad sobreviniente. Del mismo modo, los servicios deberán reportar si las condenas fueron consideradas en los procesos de calificación anual bajo los factores de comportamiento social y probidad, debiendo regularizar de manera obligatoria la hoja de vida de los funcionarios en la plataforma SIAPER de acuerdo a la Resolución Exenta N° 36 de 2024 de la Contraloría.




