Créditos Imagen : Contraloría General de la República
La titular del organismo fiscalizador, Dorothy Pérez, planteó ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja que “parece razonable” que fueran otros servicios los que realicen este procedimiento y no necesariamente los servicios de salud.
Con un llamado a avanzar en políticas públicas orientadas a mejorar el proceso de quema las drogas incautadas en procedimientos policiales, la Contralora General, Dorothy Pérez, participó en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados, este lunes 6 de enero.
La titular del organismo fiscalizador señaló que, si bien el Estado ha hecho esfuerzos para realizar modificaciones respecto del control y droga de quema incautada, en vista de los hallazgos detectados en al menos ocho informes de auditoría, “parece ser razonable que se examine la política pública en general, en el sentido de ver cuál es la institución que debería tener, naturalmente, estas atribuciones. Sinceramente, que la tengan los servicios de salud, es una dificultad mayor”.
Así, agregó que el proceso “parece razonable que fuera más propio de la autoridad sanitaria. También pudiera ser una labor que pudiera hacer el Instituto de Salud Pública o la red nacional de laboratorios que estaba en proceso de construcción y para la cual se habían conseguido recursos por los distintos gobiernos”, expresó.
En la misma línea, señaló que hay una serie de etapas a mejorar. Entre ellas, la infraestructura de los servicios de salud, los cuales, en su mayoría, no están preparados para la recepción de grandes cantidades de droga, debido a los espacios, ni tampoco para su posterior quema. Esto último, ya que no cuentan con hornos adecuados para llevar a cabo el proceso en los tiempos que consigna la ley.
Su exposición ante los parlamentarios incluyó un resumen del marco normativo respecto de la custodia y destrucción de la droga incautada, configurado en la Ley N° 20.000.
Tras ello, hizo una detallada revisión de al menos 10 auditorías efectuadas en servicios de salud de diferentes regiones del país, donde la CGR detectó una serie de irregularidades respecto del proceso de quema de droga incautada en procedimientos policiales.
Así, entre las principales observaciones encontradas, figura falta de control en sistemas, inexistencia de pesaje de la cantidad incautada, demoras en entrega de información respecto de las drogas destruidas, retrasos en el proceso de la quema y serias debilidades en la custodia de la droga incautada, la cual, en algunos casos, se mantiene en los pasillos de los servicios de salud, con un alto riesgo de robo o pérdida, entre otras.
También recordó que durante 2024 visitó dos servicios de salud, ocasión en la que se interiorizó sobre la realidad de quienes trabajan en dichas dependencias. Al respecto, enfatizó que existen graves problemas de seguridad para los funcionarios, ya que “hay lugares en que existen hornos, pero el horno no está diseñado para quema de droga. Y el día en que se produce la quema de droga, los funcionarios del servicio tienen que salir de sus dependencias y no trabajar ese día o ir a otro lugar, porque si no, se drogan todos, porque las emanaciones que se producen al momento de la quema son muy terribles”, indicó, señalando que esto ocurre desde hace años.
Durante la intervención de la Contralora estuvieron presentes su presidenta, Gloria Naveillán, además de los diputados Andrés Longton, Henry Leal, Lorena Fries, Alejandra Placencia, Diego Schalper y Andrés Jouannet.
