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Andrés López Vergara, En Estrado.
“Vengo en solicitar a S.S.E., con carácter urgente, se sirva dejar sin efecto la resolución de fecha 16 de octubre de 2020, dictada por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago (en adelante “7º JGS”), en causa RIT 9.653-2020; RUC 2000615785-9, en atención a que ha sido dictada en abierta contravención de lo resuelto por S.S.E., con fecha 15 de octubre de 2020, en la controversia suscitada en estos autos, entre el Ministerio de Salud y el Ministerio Público, respecto de una diligencia de entrada, registro e incautación de los correos electrónicos correspondientes al Sr. Jaime Mañalich –ex Ministro de Salud-, a la Sra. Itiziar Linazasoro – ex Jefa de Gabinete- y a la Sra. Paula Daza –actual Subsecretaria de Salud”.
Así parte el escrito presentado ante la Segunda Sala de la Corte Suprema por el ministro de Salud, Enrique Paris, en que pide la suspensión del procedimiento y plantea que que para la ejecución de lo resuelto, corresponde “al Ministerio Público identificar cuáles son los hechos delictivos denunciados, por ejemplo mediante términos o descriptores de búsqueda, y así cumplir con la exigencia impuesta por S.S.E., de hacer posible la vinculación de tales hechos con los correos electrónicos que pretende incautar”. Esto haciendo referencia a la limitación decretada por el Máximo Tribunal, en que dejó fuera comunicaciones que puedan afectar la seguridad nacional.
Sin embargo, plantea el Minsal, la resolución del Séptimo Juzgado de Garantía permitía la incautación de la totalidad de los correos, los que iban a ser divididos en dos carpetas, y luego de que el ministerio determinara qué correos debían ser excluidos en base a lo que señaló la Corte Suprema. Luego de esto, la PDI realizaría la depuración y la fiscalía podría acceder a las comunicaciones a las que fue autorizada. Además, el Minsal solicitó una orden de no innovar.
Ante esto, hoy el fiscal regional Xavier Armendáriz presentó otro escrito ante el Máximo Tribunal en que pidió rechazar la solicitud del ministerio.
“La solicitud del Ministerio de Salud, el alcance de lo que debe, en definitiva, ser incautado para incorporarse a la carpeta investigativa que involucraría una doble limitación. Sin embargo, no ha cuestionado el procedimiento en sí fijado por el Séptimo Juzgado de Garantía”, indica.
“La única referencia es en orden a hacer una búsquedas por descriptores dentro de los correos incautados para detectar cuáles deben ser excluidos. Esta sugerencia, además de ser imposible de cumplir, es simplemente inútil, dado que es evidente que el propio titular de los correos, quien debe proponer cuáles deben ser lo excluidos y se contempla en la resolución impugnada un mecanismo para dirimir las eventuales controversias que de ello pueda surgir (…). Estimamos que se debe desechar lo solicitado”, agrega.
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