La situación administrativa del conservador de Bienes Raíces de Chillán, Yamil Abraham Antonio Najle Alée, alcanzó su punto más crítico este miércoles. El Pleno de la Corte de Apelaciones de Chillán resolvió de manera unánime abrir un cuaderno de remoción en su contra, proceso disciplinario que corre por cuerda separada del expediente penal y que tiene como horizonte final su eventual destitución del cargo.
La resolución, según consignó Radio Bio Bio de los ministros Guillermo Arcos, Claudio Arias y Carolina Vásquez (s) acogió el informe del fiscal judicial Solón Vigueras Seguel, quien formuló cargos por conductas calificadas como “negligentes” e “imprudentes” en el manejo de transferencias bancarias vinculadas a un posible esquema de lavado de activos. Aunque la fiscalía judicial había propuesto originalmente 30 días de castigo, el tribunal de alzada decidió redoblar la sanción a 60 días de suspensión, dándola por cumplida debido al tiempo que el funcionario ya ha permanecido alejado de sus funciones desde que estalló el caso a comienzos de año.
La triangulación de los 25 millones
El foco del reproche administrativo, al igual que la indagatoria penal que lidera la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, reside en la supuesta colaboración de Najle con la removida ministra Ángela Vivanco y su pareja, Gonzalo Migueles. Se le acusa de haber facilitado la estructura para blanquear fondos que el Ministerio Público asocia a sobornos pagados por el consorcio Belaz Movitec.
En la práctica, Najle habría utilizado su cuenta personal y la de su sociedad, Yamil Najle Empresa Periodística EIRL (controladora de El Heraldo de Linares), para recibir y transferir $25 millones destinados a Migueles. Según su propia declaración como imputado, accedió a realizar el movimiento como un “favor” tras una petición de su par de Puente Alto, Sergio Yáber, y del propio Migueles, asegurando que “nunca imaginé que estos dineros podrían haber tenido un origen ilícito”.
Argumentos de defensa y señal enérgica de la Corte
Durante la indagatoria interna, Najle negó los cargos y sostuvo que su involucramiento fue “sin dolo”, argumentando que fue “engañado” en virtud de la estrecha amistad que mantenía con Yáber. Asimismo, reconoció que Migueles le prestaba “asesorías verbales” por las que llegó a pagarle hasta $5 millones mensuales y que incluso aportó $1.000.000 para costear la defensa de Vivanco al inicio del escándalo.
Sin embargo, los magistrados de Chillán desestimaron la tesis de la falta de intención, estimando que se requería una señal “enérgica” de corrección. Para los ministros, las actuaciones del conservador no solo vulneraron sus deberes funcionarios, sino que provocaron un daño profundo a la credibilidad del sistema registral en la zona.
Con la apertura del cuaderno de remoción, la permanencia de Yamil Najle en el escalafón primario del Poder Judicial pende de un hilo. El conservador tiene plazo hasta el próximo miércoles para apelar ante la Corte Suprema, instancia que tendrá la última palabra sobre si se ratifica su salida definitiva del servicio público.
