Condenan en Arica a miembros de “Los Gallegos” que planearon ataque con auto bomba contra edificio de tribunales

Ago 13, 2026 | Sentencias

 En un procedimiento abreviado, dos internos de nacionalidad venezolana aceptaron su responsabilidad en la planificación de un atentado terrorista desde el penal de Acha. La investigación, que incluyó inteligencia intrapenitenciaria y el rastreo de mensajes de WhatsApp, reveló que el plan buscaba represalias por las condenas masivas dictadas contra la organización criminal en 2024.

El Juzgado de Garantía de Arica selló este miércoles la condena contra dos integrantes de la organización criminal Los Gallegos, brazo operativo del Tren de Aragua, por su participación en la planificación de un atentado explosivo destinado a destruir el edificio que alberga los tribunales de la ciudad. El magistrado Juan Araya Contreras dictó una sentencia de 301 días de presidio para Willmer García Malafito y William Isaac Celas Garrido como autores del delito de conspiración para cometer un atentado terrorista con artefactos explosivos y conspiración para atentar contra la vida de autoridades judiciales.

El relato judicial, contenido en la causa rol 8.820-2024, describe una trama que comenzó a gestarse en noviembre de 2024 desde el Módulo de Alta Seguridad del Complejo Penitenciario de Acha. La investigación de la Unidad de Inteligencia y Crimen Organizado de la Fiscalía local determinó que los internos coordinaban, junto a sujetos externos al recinto, la instalación de un vehículo bomba frente a las dependencias del Juzgado de Garantía y el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal.

Represalia por el golpe a “Los Gallegos”

El contexto del ataque frustrado se vincula directamente con la actividad procesal de la zona. Según acreditó el Ministerio Público, el plan era una medida de represalia tras el veredicto condenatorio dictado el 19 de noviembre de 2024, el cual impuso severas penas a 34 integrantes de Los Gallegos por delitos de asociación ilícita, homicidios, secuestros y trata de personas.

El objetivo de la conspiración era generar temor entre los magistrados y la comunidad vinculada al sistema de justicia, buscando influir en el desarrollo de los procesos judiciales que afectan a la organización. El fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera Guerrero, destacó que se detectaron comunicaciones que daban cuenta de la “gestación de un posible atentado” y advirtió que no se aceptarán situaciones de esa naturaleza en la región.

“Palomas” y WhatsApp: La logística desde la celda

La detección del plan fue posible gracias a información de inteligencia intrapenitenciaria y al peritaje de un teléfono celular incautado en el penal. Los acusados enviaban instrucciones vía WhatsApp a personas en el exterior para coordinar la obtención de vehículos y el reclutamiento de quienes ejecutarían el atentado. Además de los medios digitales, se detectó el uso de notas manuscritas, conocidas en el ambiente carcelario como “palomas”, para burlar los controles de seguridad.

La investigación también dejó al descubierto una arista paralela: un plan de fuga que incluía la manipulación de medidas de seguridad, la confección de cuerdas artesanales y la obtención de llaves para esposas. Asimismo, las diligencias revelaron que internos vinculados a la misma banda en el Centro de Detención Preventiva del Biobío habrían intentado un plan similar en marzo de 2025 para facilitar la evasión de sus miembros.

El prontuario de los condenados

Los 301 días impuestos en esta causa se sumarán a las penas que ambos sujetos ya se encuentran cumpliendo en el sistema penitenciario. William Celas Garrido acarrea una sentencia previa de 32 años de presidio efectivo por diversos delitos ligados al crimen organizado, mientras que Willmer García Malafito cumple una condena de 4 años y 177 días.

Al haber renunciado los intervinientes a los plazos legales para presentar recursos, el tribunal ordenó el ingreso inmediato de ambos en calidad de rematados por esta nueva conspiración terrorista. Con este fallo, la justicia busca cerrar un flanco crítico de seguridad que pretendía desestabilizar la institucionalidad judicial en la frontera norte del país.

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