Pese a la fiscalización de la Contraloría, la causa penal por prevaricación y la salida del exsubsecretario Silva, la secretaría de Estado mantuvo la dictación de resoluciones exentas de reducción de condena, esta vez en una causa por homicidio. La revelación se da mientras el Presidente defiende la gestión ministerial
A pesar del impacto político, la investigación penal por presunta prevaricación administrativa y la fiscalización en terreno iniciada por la Contraloría General de la República, la dictación de beneficios penitenciarios vía resolución exenta en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos no se interrumpió. Según reveló Biobío Investiga la repartición encabezada por el ministro Fernando Rabat, junto a la nueva subsecretaria de la cartera, Josefina Soto, mantuvo el otorgamiento de reducciones de condena en recintos penitenciarios.
El nuevo decreto exento
El nuevo acto administrativo firmado por el titular de Justicia y la recién asumida autoridad ministerial concedió una disminución en la pena a un interno sentenciado por el delito de homicidio. La dictación de esta medida confirma que el procedimiento de revisión y rebaja de penas se ha mantenido operativo al interior del ministerio, extendiendo la aplicación de la facultad administrativa tras la renuncia del exsubsecretario Luis Silva quien suscribió parte de las primeras 56 resoluciones cuestionadas por otorgar beneficios a condenados por delitos sexuales contra menores y narcotráfico.
Desde la perspectiva del derecho administrativo y judicial, la mantención de esta práctica pone de manifiesto que la secretaría de Estado continúa aplicando un criterio uniforme respecto del alcance de las rebajas de pena. Bajo esta doctrina, el ministerio sostiene la imposibilidad legal de denegar la rebaja atendiendo a la gravedad del delito o al bien jurídico protegido, resolviendo favorablemente las solicitudes aun cuando existan cuestionamientos sobre el riesgo de reincidencia o la gravedad del hecho punible.
En este nuevo expediente, la medida benefició a un interno Peter Rojas Gallardo, que cumplía condena por el delito de homicidio calificado, causa en la que fue sentenciado tras haber participado en un ataque perpetrado con alevosía y uso de armas de fuego contra una víctima en el espacio público.
Respecto de los fundamentos de la resolución, la justificación institucional para conceder la rebaja de pena se sustentó en los informes de comportamiento de Gendarmería de Chile que acreditaron conducta sobresaliente, la participación en talleres de reinserción social y el cumplimiento de los plazos mínimos de reclusión exigidos por la reglamentación penitenciaria. Sin embargo, al igual que en las resoluciones previas, el beneficio fue concedido ponderando exclusivamente el estándar reglamentario de conducta por sobre la entidad de las secuelas del delito o el nivel de violencia de la agresión original.
La postura del Ejecutivo
La revelación sobre la continuidad de los actos administrativos coincide con la postura asumida por el Palacio de La Moneda frente a la crisis en la cartera de Justicia. El Presidente de la República respaldó públicamente la gestión del ministro Fernando Rabat, desestimando las presiones para su remoción en medio de los aprontes de una acusación constitucional en el Congreso Nacional.
Al abordar el debate sobre las condiciones en que se adoptaron las rebajas de condena y la sobrecarga del sistema carcelario, desde el entorno oficialista se ha argumentado que “este era un gobierno de emergencia”, aludiendo a las exigencias operativas e institucionales bajo las cuales el Ministerio de Justicia tramitó los decretos exentos en los últimos meses.
El cerco de la Contraloría y el frente penal
La emisión del nuevo decreto de reducción de pena se concretó mientras un equipo de auditores e inspectores de la Contraloría General de la República permanece instalado en las dependencias del Ministerio de Justicia. El órgano de control busca examinar la totalidad de los expedientes, actas e informes técnicos de Gendarmería de Chile para determinar si existieron infracciones a los principios de probidad y legalidad en la confección de los actos administrativos.
En paralelo, la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte prosigue las diligencias en la arista penal por eventual prevaricación administrativa. La persecución busca dilucidar si las autoridades ministeriales incurrieron en ilícitos al dictar resoluciones contrarias a la ley o basadas en presupuestos fácticos falsos, en un escenario donde la nueva revelación documental promete transformarse en una pieza clave para la evaluación del desempeño ministerial en los tribunales y en la sede legislativa.
