Por José Ignacio Camus M. Founder Partner Admiral Compliance
En un esfuerzo por reforzar la transparencia y la ética en las contrataciones públicas, la Contraloría General de la República (CGR) ha implementado una medida que exhorta a los proveedores contar con un modelo de integridad para poder participar en las licitaciones públicas. Este requisito subraya la importancia de una cultura organizacional basada en principios éticos y de cumplimiento.
La implementación de modelos de Compliance para poder participar en las licitaciones públicas representa un importante avance hacia la transparencia y la probidad en las transacciones entre el Estado y el sector privado. Esta medida no solo reduce los riesgos de corrupción, sino que también fomenta una cultura de ética y responsabilidad, beneficiando a toda la sociedad.
Las empresas que deseen participar en las licitaciones públicas deben estar preparadas para demostrar su compromiso con la integridad mediante la implementación de programas de compliance sólidos y efectivos, asegurando que la ética no solo esté escrita en un código, sino que sea parte integral de su cultura organizacional. Así como Pepe Grillo ayudó a Pinocho a convertirse en un ser recto y honesto, el cumplimiento normativo ayuda a las empresas a operar con integridad, promoviendo una cultura de responsabilidad y ética que beneficia no solo a la organización, sino también a la sociedad en general.
Y es que un modelo de integridad es mucho más que un simple código de ética; es un sistema integral de cumplimiento normativo que incluye políticas, procedimientos y controles diseñados para prevenir, detectar y remediar actos de corrupción y otras irregularidades. Para que un programa de compliance sea efectivo, debe abarcar varios componentes críticos.
Lo anterior implica que el compliance debe estar integrado en todos los niveles de la organización. La alta dirección debe liderar con el ejemplo y apoyar activamente las políticas de cumplimiento normativo, mientras que todos los miembros de las diferentes áreas deben estar continuamente capacitados y conscientes de las normativas y principios éticos que deben seguir. Un plan de formación es fundamental en este sentido, ya que asegura que los colaboradores comprendan y apliquen las políticas de compliance en su labor diaria.
De igual forma, la evaluación continua resulta esencial, por cuanto proporciona mecanismos para supervisar el cumplimiento y realizar revisiones internas que identifiquen posibles fallos o áreas de mejora. Ejemplo de ello son los canales de denuncia anónimos y confidenciales, los cuales permiten a los empleados reportar irregularidades sin temor a represalias. De esta manera, el compliance no solo actúa como un consejero moral, sino también como un guardián que mantiene a la empresa en el camino correcto hacia el éxito sostenible y ético.
Adicional a lo anterior y, de acuerdo con el Artículo 33 de la Ley de Delitos Económicos y atentados contra el medioambiente, si una empresa o persona es condenada por no tener un modelo de compliance adecuado, no podrá firmar contratos con ninguna entidad estatal ni con empresas donde el Estado tenga participación. Además, cualquier contrato vigente se anula automáticamente en caso de condena. Esta medida también afecta a otras empresas relacionadas donde el condenado tenga algún tipo de participación.
Finalmente, bajo este nuevo marco, la inhabilitación no solo impide nuevas contrataciones, sino que también cancela de inmediato los contratos existentes al momento de la condena. Esto establece una base sólida para prevenir la corrupción y promover prácticas justas y legales. De esta manera, no solo se fortalece la confianza en las instituciones públicas, sino que también se crea un entorno de negocios más equitativo y sostenible, beneficiando a toda la sociedad.
