Por Carolina Álvarez. Abogada y Asociada Senior, Admiral Compliance. Effective Compliance Programs, University of Pennsylvania.
La corrupción es un desafío crítico para el desarrollo económico y social, y Chile no está exento de sus efectos perjudiciales. Según la Guía de Recursos de la ONU para Reforzar la Integridad Empresarial, abordar este problema requiere un enfoque multilateral que involucre tanto al sector público como al privado. Esto se alinea con la creciente relevancia del compliance como una herramienta esencial para combatir la corrupción y promover la transparencia.
El compliance no solo refuerza la integridad organizacional, sino que también cumple un papel preventivo al implementar políticas que detectan y mitigan riesgos antes de que se conviertan en infracciones. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción establece que los Estados y las empresas deben trabajar en conjunto para prevenir el soborno, la malversación y el lavado de activos, entre otros delitos, mediante la adopción de programas eficaces de lucha contra la corrupción.
Uno de los puntos destacados en la guía de la ONU es el equilibrio entre sanciones e incentivos. Las sanciones, como multas, decomisos o inhabilitaciones, son fundamentales para disuadir actos ilícitos, pero es igualmente crucial incentivar las buenas prácticas. Por ejemplo, medidas como el acceso preferencial a contratos públicos o la inclusión en listas de proveedores certificados han demostrado ser efectivas para promover la integridad empresarial.
En Chile, el fortalecimiento de la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas amplía las obligaciones de las empresas en materia de compliance. La inclusión de incentivos, como los recomendados por Naciones Unidas, podría ser un paso adicional para fomentar la adopción de programas robustos que combatan la corrupción en todos los niveles de la cadena de valor.
Adoptar una cultura de compliance requiere un cambio profundo en cómo las empresas entienden y asumen su responsabilidad ética. La guía de la ONU enfatiza que las políticas anticorrupción deben integrarse en la estrategia de negocio y no limitarse a cumplir con requisitos legales. Esto implica liderar con el ejemplo, capacitar al personal y establecer canales seguros para la denuncia de irregularidades.
El país tiene la oportunidad de posicionarse como líder regional en la lucha contra la corrupción, integrando estándares internacionales como los de la OCDE y la Convención de la ONU. Al fomentar la transparencia y la rendición de cuentas, no solo se fortalece la confianza en las instituciones, sino que también se mejora el atractivo del país para la inversión extranjera.
La corrupción es un problema que trasciende al sector público. Empresas, gobiernos y sociedad civil deben trabajar juntos para construir un entorno de negocios ético y competitivo. En este esfuerzo, el compliance no debe verse como una carga, sino como una inversión estratégica para garantizar la sostenibilidad y la justicia en los mercados.
Chile enfrenta una oportunidad única para reforzar su compromiso con la transparencia. Implementar programas de cumplimiento efectivos y alineados con las recomendaciones internacionales no solo ayudará a combatir la corrupción, sino que también sentará las bases para un desarrollo económico y social más equitativo y sostenible.
