En una sesión dividida en tres bloques de alta intensidad, el Pleno de la magistratura escucha desde temprano a un diverso espectro de la sociedad civil. Desde centros de pensamiento y gremios industriales hasta organizaciones de defensa del medio ambiente y sindicatos de la salud, los intervinientes buscan influir en la decisión final sobre la controvertida cláusula de invariabilidad tributaria y las nuevas exigencias ambientales.
La sede del Tribunal Constitucional se convirtió este miércoles en el escenario de una de las audiencias públicas más masivas que se recuerden en la tramitación de una ley económica. Con un cronómetro estricto de cinco minutos por intervención y bajo la premisa de que no habrá espacio para preguntas de los ministros ni réplicas entre los asistentes, un total de 56 entidades desfilan por los estrados para fijar posición sobre los requerimientos de la oposición contra la megarreforma. La audiencia, que se desarrolla en bloques de una hora y media con breves pausas de diez minutos, busca agotar la fase de escucha ciudadana antes de que el tribunal entre al fondo de la causa este jueves 13 de agosto.
El debate ha estado marcado por un enfrentamiento de visiones entre los principales centros de pensamiento del país. La jornada fue inaugurada por la fundación Libertad y Desarrollo, que lidera la ofensiva argumentativa contra lo que consideran una vulneración al carácter democrático por la fijación de impuestos a largo plazo. En la vereda opuesta, entidades ligadas al oficialismo como el Instituto Igualdad y la Fundación Nodo XXI defienden la potestad del Estado para generar marcos de estabilidad que permitan el desarrollo de grandes proyectos. A este gallito intelectual se sumaron el Centro de Estudios Públicos (CEP) y la Fundación Rumbo Colectivo, aportando matices sobre la certeza jurídica y la recaudación fiscal.
Un flanco relevante de la audiencia ha sido el protagonismo de las organizaciones ambientalistas, quienes enfocan sus dardos en las modificaciones a la normativa ambiental que introduce el proyecto. Entidades como ONG FIMA, Greenpeace Pacífico Sur y Fundación Terram han coincidido en advertir sobre los riesgos de flexibilizar los estándares en favor de la inversión. A ellos se sumaron grupos de carácter local, como la Corporación Ngen de Quilicura, la Coordinadora Ecológica de Casablanca y la Agrupación Medio Ambiental Social por una Carretera Respetuosa, reflejando cómo la megarreforma impacta en los territorios y en la protección de ecosistemas específicos como el Humedal Cerro Alegre de San Antonio.
El mundo del trabajo y la producción también ha desplegado sus cartas ante el Pleno que preside la ministra María Pía Silva. Por un lado, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la ANEF y la Confederación de Trabajadores del Cobre han planteado la necesidad de que la reforma garantice recursos para los servicios públicos y la protección social. Por el otro, potentes gremios empresariales como la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), la Asociación de la Industria del Salmón y el Consejo del Salmón han expuesto sobre la importancia de la invariabilidad tributaria para mantener la competitividad de las exportaciones chilenas ante compromisos que llegan a los 20 años.
Incluso sectores que a primera vista parecen alejados de la materia tributaria se hicieron presentes en la lista de intervinientes, demostrando la capilaridad de la reforma. Desde colegios profesionales de psicólogos, trabajadores sociales y periodistas, hasta organizaciones inusuales en estos estrados como el Club Deportivo y Social Ronin Fight Club o el Museo Botánico Quinta Rosa de Chiguayante, todos han invocado un interés legítimo en la resolución de la causa. Según estimaciones de los propios intervinientes, sumando a los parlamentarios de ambos bloques y expertos, más de 100 personas participan activamente de este hito que definirá el futuro de la agenda económica del Gobierno.
