Organismo emitió una declaración pública sobre los cuestionamientos a los magistrados tras la libertad condicional recibida por el imputado del femicidio de Ámbar.
Andrés López Vergara, En Estrado.
A través de una declaración pública, el Consejo del Colegio de Abogados de Chile decidió por unanimidad entrar al debate y criticar los cuestionamientos de autoridades a los jueces. Esto se da luego del anuncio de la posible acusación constitucional la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso, quien presidió la comisión que le otorgó la libertad condicional otorgada a Hugo Bustamante en 2016.
“Las decisiones de órganos judiciales colegiados no son atribuibles a una persona determinada, ya que ellas son tomadas, por a lo menos una mayoría de sus miembros, en base a consideraciones de hecho y de derecho y con una necesaria fundamentación. El medio para impugnarlas son los recursos legales, no correspondiendo al Poder Ejecutivo ni al Poder Legislativo revisarlos de manera alguna, según nuestra Carta Fundamental”.
Agregan que “el proceso de libertad condicional es un mecanismo concebido por nuestro ordenamiento jurídico dentro del sistema de imposición de penas, sin que se haya avanzado hacia el establecimiento de tribunales de ejecución, lo que importaría brindar el merecido realce que amerita esa materia. Dicha responsabilidad no puede ser atribuida en caso alguno al Poder Judicial. Desgraciadamente todo sistema de libertad condicional será incapaz de prever la reincidencia de una persona a quien se le ha otorgado este beneficio”.
Separación de poderes
El organismo gremial indica que “el principio de separación de los Poderes no se respeta cuando autoridades del poder ejecutivo o legislativo enjuician por vías no institucionales y medios de comunicación el actuar de jueces, provocando verdaderos juicios paralelos que atentan contra la independencia del Poder Judicial e imparcialidad de la judicatura”.
“Consideramos legítimas las protestas de quienes claman por justicia ante la ejecución de conductas que importan una grave afectación de género, pero ello no puede conducir jamás a justificar el hacerse justicia con la propia mano, al margen de los procesos judiciales que son la única vía legítima, en un Estado de Derecho, de juzgar y sancionar semejantes reprochables conductas. Confiamos que un Poder Judicial independiente y jueces imparciales, dictando resoluciones fundadas, permitirán prontamente castigar, en forma racional y justa, a quienes realicen conductas que atenten en contra de nuestros niños/as y mujeres”, señalan.
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