El directorio de la estatal retiró el recurso de amparo económico que mantenía en la Corte de Apelaciones de Santiago tras el ajuste de criterios del organismo fiscalizador. La controversia, que amenazaba con judicializar el proyecto de litio en el Salar de Ascotán, se zanjó luego de que la Contraloría eximiera a la minera del trámite de toma de razón para sus decisiones corporativas.
La pugna judicial que mantenía enfrentados a Codelco y la Contraloría General de la República (CGR) llegó a su fin esta semana. La cuprífera estatal informó que su directorio resolvió desistirse del recurso de amparo económico que había interpuesto ante la justicia el pasado 18 de junio, desactivando así una de las controversias institucionales más complejas para el desarrollo de la estrategia nacional del litio.
El conflicto se originó cuando la Contraloría revisó el procedimiento para otorgar un Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL) a Minera Ascotán, una firma coligada de Codelco. En ese momento, el ente fiscalizador exigió que ciertas decisiones corporativas de la estatal se sometieran al trámite de toma de razón, una interpretación que la minera calificó como “inédita”. La defensa de Codelco argumentó ante la Corte que sus actividades empresariales deben regirse por normas de derecho privado y no por los controles administrativos habituales del sector público.
El giro de la Resolución N°14
El escenario procesal cambió radicalmente con la publicación de la Resolución N°14/2026 de la Contraloría en el Diario Oficial. Este nuevo cuerpo normativo redefine el control sobre las empresas del Estado productoras de cobre, estableciendo un mecanismo de control de reemplazo para acuerdos de directorio sensibles, como la creación o modificación de sociedades y cambios en la participación accionaria.
Bajo esta nueva regla, Codelco ya no tendrá que esperar el visto bueno previo (toma de razón) para sus movimientos societarios. En cambio, la estatal deberá simplemente remitir los antecedentes a la Contraloría dentro de un plazo de 10 días hábiles tras adoptar el acuerdo. Este ajuste permitió que la empresa diera por superada la causa, al considerar que la Contraloría “ha modificado su criterio en el sentido de no exigir a Codelco que emita actos administrativos sobre decisiones corporativas”.
Respeto institucional y transparencia
Al retirar la acción judicial, la empresa buscó bajar la tensión con el organismo encabezado por la contralora (s) Dorothy Pérez. A través de una declaración pública, la estatal subrayó que este desistimiento reafirma su “pleno respeto por las atribuciones de la Contraloría”, según consignó Emol y su compromiso de colaborar en todos los procesos de fiscalización dentro del marco normativo vigente.
Con este hito, Codelco despeja el camino administrativo para el proyecto en el Salar de Ascotán, evitando que la justicia deba pronunciarse sobre los límites de la autonomía de las empresas públicas, un debate que, por ahora, queda resuelto por la vía reglamentaria del propio órgano contralor.
