Aunque el consolidado del primer semestre de 2026 cerró con una disminución general del 11,5% en las víctimas de asesinato a nivel país, las autoridades encendieron las alertas por el comportamiento en Tarapacá, Coquimbo y O’Higgins. El reporte oficial revela además un repunte en la violencia ligada al crimen organizado y en el uso de armas de fuego.
El Ministerio de Seguridad Pública y la Fiscalía Nacional presentaron el Informe Nacional de Víctimas de Homicidio Consumado correspondiente al primer semestre de 2026, trabajo elaborado en conjunto con Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y Gendarmería. El balance arrojó un total de 472 víctimas de homicidio entre enero y junio, cifra que representa 41 casos menos que en el mismo período del año anterior y una reducción del 11,5% en la tasa semestral, la cual se fijó en 2,3 casos por cada 100 mil habitantes. De mantenerse esta tendencia en la segunda mitad del año, la proyección anual se situaría en 4,6 casos por cada 100 mil habitantes, equiparándose a los parámetros registrados hacia los años 2018 y 2019.
Pese a que la estadística general consolida cuatro años consecutivos a la baja desde el máximo histórico alcanzado en el primer semestre de 2022 —cuando se contabilizaron 660 víctimas—, las autoridades del sistema de persecución penal advirtieron que la evolución del delito dista de ser homogénea en el territorio nacional. Mientras 11 regiones mostraron reducciones en sus índices, otras cinco registraron incrementos de consideración. El foco de mayor preocupación institucional se concentró en Tarapacá, Coquimbo y O’Higgins, zonas donde el número de asesinatos experimentó alzas de 78,9%, 42,1% y 33,3%, respectivamente, superando holgadamente la tasa promedio nacional. En la distribución territorial del delito, la Región Metropolitana se mantuvo como el principal foco de concentración con 218 víctimas (46% del total país), seguida por Valparaíso con 53 y Biobío con 38 casos, agrupando entre las tres jurisdicciones el 65,5% de los crímenes del país.
Más allá de la distribución geográfica, el informe del órgano persecutor y del Ejecutivo expone cambios sustantivos en la dinámica operacional de los delitos. Por primera vez en tres años se interrumpió la tendencia a la baja en el empleo de armas de fuego, alza que se situó en un 48,9% de los casos. De forma paralela, la participación de bandas o grupos del crimen organizado alcanzó su nivel más alto desde 2021, estando detrás del 41,3% de las muertes (195 víctimas) y desplazando al contexto interpersonal como el principal móvil delictivo.
Respecto de la caracterización de las víctimas, la estadística indica que el 90% corresponde a hombres y que el tramo etario más afectado se ubica entre los 18 y 29 años (34,5%). Asimismo, el 80,3% de los fallecidos era de nacionalidad chilena y un 17,4% extranjera, registrándose un incremento en la proporción de víctimas de origen foráneo en comparación con el mismo tramo de 2025. En cuanto a sus antecedentes, un 50,4% de los fallecidos registraba condenas penales previas, mientras que la vía pública se reafirmó como el escenario predominante de la agresión con un 62,9% de los eventos.
Al evaluar el escenario, el fiscal nacional, Ángel Valencia, destacó que los niveles de esclarecimiento y la consecución de medidas cautelares intensivas han mejorado de la mano de herramientas especializadas como los Equipos contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), operativos desde 2023. Sin embargo, la máxima autoridad del Ministerio Público enfatizó que la contención del fenómeno responde a una estrategia integral de Estado y que el retorno a cifras similares a las de 2018 exige no descuidar los territorios donde la violencia mantiene una curva ascendente.
