Créditos Imagen : Fiscalía de Chile
Andrés López Vergara, En Estrado.
“La fiscalización tuvo por objeto practicar una auditoría a la situación financiera-presupuestaria y desarrollar un análisis contable de activos y pasivos a la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (DIPRECA) con la finalidad de revisar si el servicio mantiene procedimientos de control para velar por el debido resguardo de los recursos disponibles que administra, también analizar si la entidad mantiene un control sobre la ejecución presupuestaria y examinar si cumple eón los procedimientos para la apertura y cierre. de los ejercicios contables para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018”.
Esa fue la razón por la que los fiscalizadores de la Contraloría iniciaron la revisión de las cuentas corrientes de Dipreca, que depende del Ministerio del Interior, encontrando una serie de irregularidades que ordenaron informar al Ministerio Público. Esto se podría convertir en una nueva investigación relacionada con el manejo de fondos de ambas policías y Gendarmería, dado que está encargado de la previsión y pensiones.
El primer punto que indicaron es que Dipreca mantiene el Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado, SIGFE, versión 2.0, “no obstante, no emplea dicho sistema informático para registrar las transacciones económicas y financieras que se producen diariamente en la organización, toda vez que para ello utiliza el sistema de contabilidad denominado ‘INFOCHl’, limitándose a registrar, en forma manual y agregada en el SIGFE versión 2.0 (…). De lo anterior, se observó que los balances de comprobación y de saldos, al 31 de diciembre de 2018, emitidos por los sistemas antes citados, ‘SIGFE’ e ‘INFOCHI’, no son coincidentes, detectándose diferencias en cuentas contables y montos de hasta$ 20.270.511.399, entre ambos”.
Además, detectó que el organismo no utiliza en el sistema INFOCHI el plan de cuentas aprobados por la Contraloría, para el registro secuencial de las transacciones, “advirtiéndose que la entidad auditada continúa utilizando la normativa y procedimientos contable impartidos por este Organismo· de Control, en los oficios Nºs 6.856, de 1992 y 356, de 1993, los cuales ya no se encuentran vigentes”. En relación con las situaciones descritas, la entidad deberá remitir un Informe Técnico en el cual se identifiquen y se documenten las operaciones que dieron origen a las diferencias detectadas entre los dos sistemas en un plazo no superior a 60 días hábiles contado desde la recepción del presente informe.
Diferencias millonarias
“El análisis de las conciliaciones bancarias (movimientos en libros contables versus lo que registra la cuenta bancaria), al 31 de diciembre de 2018, obtenidas del sistema contable ‘INFOCHI’’, permitió advertir que estas incluyen partidas sin conciliar por un total de $11.994.110.276, del cual $6.717.205.559, equivalente al 56%, proviene de anualidades anteriores al 2018. Los conceptos discordantes o no regularizados se refieren, por una parte, a operaciones contabilizadas por la institución que no aparecen en las cartolas bancarias, tales como: ‘depósitos’, ‘otros ingresos’, ‘cheques anulados’, ‘cheques girados y no cobrados’ y ‘otros cobros’ y, por otra, a movimientos registrados en el banco, los cuales al término del ejercicio 2018, no habían sido contabilizados por DIRRECA, a saber: ‘depósitos’, ‘cheques’ y ‘otros cobros’”, señala el documento.
Ante esto, la Contraloría también detectó que “sobre los giros bancarios del periodo comprendido entre los años 1998 al 2012, ascendentes a las sumas de $1.167.395.147 y $1.261.421.392, de las cuentas corrientes N°XXX y YYY , ambas deI Banco X, respectivamente, cabe señalar que tales cargos pueden representar desembolsos de dineros no respaldados, habida consideración que revisadas las conciliaciones bancarias del mes julio de 2020, de ambas cuentas corrientes, dichas sumas aún permanecen en estas como partidas no conciliadas, motivo por el cual este Organismo de Control remitirá una copia de este informe final al Ministerio Público, para su conocimiento y fines a que haya lugar”. Es por esto, que este informe va dirigido con copia al Ministerio del Interior y el fiscal nacional Jorge Abbott.
Cheques
En otras de las cuentas analizadas y sus respectivas conciliaciones bancarias, “se constató que, hasta el mes de noviembre de 2018, se mantenían sin contabilizar los cheques N°xxx, del -año 2002, por la suma total de $ 8.972.906.986, no obstante que con fecha 31 de diciembre de la misma anualidad, el servicio procedió, mediante el comprobante de traspaso T -9575 a contabilizar los citados documentos en una cuenta de activo del grupo ‘41311’, partidas por aclarar, rebajándolos de la cuenta contable banco asociada, con el objeto de reflejar un saldo disponible bancario que se ajustara a la realidad”.
Agregan que “dicho ajuste careció de documentación de respaldo y de autorización, lo que se aparta de las instrucciones impartidas por este Organismo de Control a los servicios e instituciones del sector público para el ejercicio contable año 2018, mediante el oficio Nº 44.588, de 2017, el que establece en su punto 6.2, letra b), del párrafo segundo, que los servicios. deberán solicitar autorización a esta Contraloría General para realizar ajustes a la apertura que se efectúe en cada mes, debiendo remitir conjuntamente con el oficio, los comprobantes contables y antecedentes correspondientes a dicha solicitud”.
El 18 de marzo de 2020 se realizó la regularización contable y la Contraloría manifestó que “se apegó a la normativa contable vigente sobre la materia, e hizo presente que ello es sin perjuicio de la verificación de las operaciones, cifras y antecedentes de respaldo que pueda efectuar posteriormente en el ámbito de la fiscalización”.
Sin embargo, “el registro de los referidos cheques en la cuenta ‘partidas por aclarar’’, corresponde a un ajuste contable cuyo propósito fue permitir que las cuentas de disponibilidades de la entidad reflejaran el saldo real de recursos que mantiene, sin embargo, aquello no logra sustentar o acreditar los desembolsos ejecutados durante el año 2002, mediante los documentos de pago mencionados. Por lo tanto, y relación a la falta de documentación que justifique los desembolsos, es este Organismo de Control remitirá una copia de este informe final al Ministerio Público, para su conocimiento y fines a que haya lugar, ello sin perjuicio de que la entidad previsional deberá remitir a este Organismo de Control, en un plazo no superior a 60 días hábiles, contado desde la recepción de este documento, y mediante el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, un informe con la documentación que acredite el detalle de las operaciones que motivaron la emisión de los cheques Nos xxx, por la suma total de$ 8.972 906.986”.
