La acción penal del organismo fiscalizador apunta a una “red de confianza” que habría articulado gestiones ante el Poder Judicial para posicionar a Antonio Ulloa en la Corte de Santiago. En contrapartida, el imputado tribunal de alzada habría fallado sin inhabilitarse en causas de sus favorecedores y filtrado acuerdos reservados, además de recibir pagos millonarios del conservador Sergio Yáber.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE), encabezado por la consejera Ana María Hübner, ingresó una querella criminal ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago en el marco de las derivaciones del denominado Caso Audios. La acción penal persigue al exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa Márquez, por los delitos de revelación de secretos, cohecho agravado y prevaricación judicial, y se dirige simultáneamente contra los abogados Luis Hermosilla Osorio, Samuel Donoso Boassi y Mario Vargas Cociña, además del conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Yáber Ruz, a quienes se les imputa participación en calidad de autores del delito de soborno.
La “red de confianza” y el rol articulador en los nombramientos
De acuerdo con el escrito presentado por el organismo que representa los intereses del Fisco, la investigación destapó la existencia de una “red de relaciones personales, profesionales y de confianza” que no se limitaba a vínculos ocasionales, sino que se proyectaba en la coordinación de gestiones e intercambio de información para incidir en designaciones dentro del Poder Judicial. En ese esquema, la querella describe que las maniobras tenían por objetivo funcional asegurar la llegada de Ulloa a una plaza estratégicamente relevante en el tribunal de alzada capitalino.
De acuerdo con los antecedentes reunidos en la carpeta investigativa, el abogado Mario Vargas habría actuado desde 2020 como un gestor de acercamientos entre Ulloa y Hermosilla, articulando encuentros e integrándolos en una dinámica de intereses compartidos para favorecer la postulación del entonces juez. A su vez, el libelo aborda por primera vez en una acción judicial el rol de Samuel Donoso, penalista ligado profesionalmente a Hermosilla en causas de alto perfil —como las defensas vinculadas al expresidente Sebastián Piñera y al exministro Andrés Chadwick—, a quien se le atribuye haber participado en las gestiones para promover el nombramiento de Ulloa.
Inhabilidades omitidas, información reservada y giros millonarios
El CDE sostiene que las gestiones para posicionar al magistrado configuraron beneficios de naturaleza no económica destinados a comprometer la actuación posterior del juez. Una vez instalado en la Corte de Apelaciones de Santiago, Ulloa habría resuelto causas en favor de los intereses de dichos abogados sin declarar las inhabilidades que le imponía su estrecha relación de amistad. Entre las causas revisadas figura un litigio entre Jorge y Daniel Yarur, instancia en la que Ulloa intervino en decisiones judiciales mientras Hermosilla y Donoso actuaban como representantes legales.
Junto a la omisión de abstención, la querella atribuye a Ulloa haber entregado de manera sistemática información reservada obtenida en el ejercicio de su cargo. Los antecedentes dan cuenta de la transmisión de contenidos protegidos por el secreto sobre acuerdos, votaciones e incluso asuntos disciplinarios e internos de tribunales superiores antes de que fueran públicos. Asimismo, en la arista patrimonial, el organismo fiscalizador detectó que el conservador Sergio Yáber transfería de forma periódica sumas que sumaron cerca de $74,3 millones a Ulloa entre febrero de 2019 y abril de 2025, lapso en el cual el entonces ministro intervino y votó a su favor en el proceso destinado a proveer el cargo en el Conservador de Hipotecas y Gravámenes de Santiago.
La réplica de Donoso y el escenario procesal de los querellados
Tras conocerse el libelo, el abogado Samuel Donoso descartó categóricamente las imputaciones formuladas por el organismo estatal. “Jamás he proporcionado un beneficio al señor Ulloa, ni menos le he formulado la solicitud de alguna retribución, es una infamia pretender lo contrario”, aseveró el jurista, añadiendo que “esta interpretación del delito de soborno es de un tremendo abuso”. Donoso cuestionó además que las fiscales a cargo del caso sean las mismas con las que litigó en el caso SQM y a quienes mantiene denunciadas administrativamente por filtraciones en la causa de la senadora Camila Flores, anunciando que ejercerá acciones legales una vez notificado.
La arremetida del CDE complejiza el panorama judicial de los involucrados en el caso Audios. Mientras Hermosilla, Vargas y Yáber ya se encuentran formalizados en otras aristas del caso, la querella deja a Donoso bajo la persecución directa del Ministerio Público por el delito de soborno. Por su parte, la situación del exjuez Ulloa permanece a la espera de que la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, interponga la querella de capítulos ante el tribunal de alzada, trámite previo y constitucionalmente indispensable para proceder a su formalización en sede penal.
