CDE se querella por cohecho contra carabinero acusado de exigir $20 millones a Camila Polizzi en pleno arresto domiciliario

Nov 10, 2026 | Actualidad

El organismo estatal formalizó su acción judicial ante el Juzgado de Garantía de Concepción contra el cabo primero Juan Retamal Jara. La querella se suma a la arista penal impulsada por la Fiscalía, que fijó para el 5 de enero la audiencia de formalización contra el funcionario imputado por solicitar dinero a la procesada del caso Convenios a cambio de no ejercer presuntas represalias en los controles cautelares.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) concretó su ingreso formal como querellante en la investigación penal que enfrenta el cabo primero de Carabineros Juan Arturo Retamal Jara, imputado por el delito de cohecho tras haber solicitado sumas millonarias a la excandidata a diputada Camila Polizzi mientras ejercía labores de control sobre su arresto domiciliario total.

La acción legal, patrocinada por el procurador fiscal del CDE en Concepción, Georgy Schubert, ante el Juzgado de Garantía de la comuna penquista, apunta a la responsabilidad del funcionario policial que prestaba servicios en la Primera Comisaría de la ciudad y que actualmente fue derivado a la Tercera Comisaría de Lota. El caso se suma al avance del Ministerio Público, donde el fiscal Julián Muñoz ya solicitó fecha para formalizar cargos contra el uniformado el próximo 5 de enero.

La secuencia de contactos en el departamento de Concepción

Según la reconstrucción fáctica contenida en la querella del CDE y en los partes policiales, los hechos se desencadenaron el 27 de noviembre de 2024, cuando el cabo Retamal acudió al inmueble de la imputada por la arista Lencería del caso Convenios para verificar el cumplimiento de su medida cautelar. Al advertir la presencia de terceros en el hall del edificio, el uniformado propuso retomar el contacto más tarde, enviando minutos después mensajes por WhatsApp para coordinar un encuentro fuera de su horario de servicio.

Esa misma jornada, ya vestido de civil, el carabinero ingresó a una oficina dentro del departamento de Polizzi y expuso una serie de apremios financieros personales. De acuerdo con el escrito del CDE, el cabo alegó mantener morosidades comerciales en Dicom, cuotas pendientes por préstamos y deudas por pensión de alimentos, situaciones que le impedían postular al curso de la Escuela de Suboficiales de la institución.

Frente a la solicitud de auxilio económico, Polizzi  le advirtió sobre la improcedencia de realizar dicho requerimiento dada la condición procesal de ambos. Ante la insistencia del funcionario, la imputada le consultó por la cifra requerida, recibiendo como respuesta la petición de $20 millones. Al explicar que sus bienes se encontraban bajo retenciones judiciales dictadas en la causa penal por fraude al Fisco, el cabo redujo sus pretensiones a $5 millones o $3,5 millones de pesos.

 Los peritajes a los chats

Durante el diálogo, Polizzi manifestó al uniformado que “lo pensaría”, respuesta motivada por el temor a sufrir represalias o una fiscalización agravada durante los controles nocturnos de su arresto domiciliario si rechazaba de plano el pedido. Dos días más tarde, durante un nuevo control en horario de servicio, el carabinero volvió a consultar sobre el dinero, obteniendo una negativa verbal.

Tras recibir mensajes los días 1 y 2 de diciembre, Camila Polizzi  expuso la situación ante un suboficial de Carabineros que acudió a su domicilio en un control de rutina, quien le indicó la necesidad de formalizar la denuncia ante las autoridades. Para dejar respaldo por escrito, el 3 de diciembre la mujer remitió un mensaje final por WhatsApp. Frente a la insistencia del cabo por conseguir al menos $5 millones, Polizzi le respondió: “Es que no se puede, ni 20, ni 5, ni nada”.

La posterior entrega voluntaria de su teléfono celular y de las capturas de pantalla de la conversación permitió al Ministerio Público y a Carabineros identificar al funcionario e iniciar las diligencias penales. En su querella, el CDE solicitó al tribunal citar a declarar a los testigos del caso y pedir oficios a la institución policial para remitir la hoja de vida del imputado y aclarar la sustanciación de sumarios administrativos internos.

 

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