La acción penal del organismo apunta a María Carolina Inostroza, actual concejala de Penco, por irregularidades en la rendición de proyectos de seguridad y salud vecinal. Según la querella, la autoridad habría simulado pagos a profesionales mediante boletas falsas para obtener reembolsos directos a su cuenta personal.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) dio un paso determinante en la persecución de presuntas malversaciones de recursos públicos en la Región del Biobío. El organismo interpuso una querella criminal ante el Juzgado de Garantía de Concepción contra María Carolina Inostroza Verdugo, quien ostenta el cargo de sexta vicepresidenta nacional de la Democracia Cristiana (DC) y se desempeña como concejala en la comuna de Penco.
La acción judicial, declarada admisible por el tribunal, imputa a Inostroza los delitos reiterados de estafa y uso malicioso de documento privado mercantil falso. El foco de la investigación se centra en la ejecución de dos proyectos financiados en 2021 por el Gobierno Regional (GORE) a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), los cuales estaban destinados a una organización social de la zona.
El mecanismo del “reembolso”
De acuerdo con el texto de la querella, redactado por el abogado Georgy Schubert, los hechos comenzaron cuando Inostroza —quien en esa época combinaba sus funciones de concejala con un cargo en la Municipalidad de Concepción— se ofreció para asesorar a la Junta de Vecinos N°4 de Penco en la postulación a fondos concursables. Tras adjudicarse las iniciativas “Seguridad Efectiva en Comunidad” ($3 millones) y “Promoviendo la Salud Familiar desde el Barrio” ($3,15 millones), la imputada se habría hecho cargo de toda la gestión financiera y administrativa.
La presunta estafa se habría concretado al momento de rendir los gastos. El CDE sostiene que Inostroza remitió al presidente de la junta de vecinos, René Vega, diversas boletas de honorarios de profesionales que supuestamente habían realizado talleres y capacitaciones. Bajo el argumento de que ella ya había cancelado esos servicios con dinero de su bolsillo, solicitó que los fondos de los proyectos le fueran transferidos directamente a su cuenta bancaria personal.
El dirigente vecinal accedió a los pagos, por un monto cercano a $1,45 millones, “en el convencimiento que ella, efectivamente, ya había pagado a los talleristas, lo que no era efectivo, pues los fondos transferidos no tuvieron este fin, sino que fueron apropiados por la querellada”, señala el documento del CDE.
Boletas adulteradas y testimonios clave
La red de irregularidades quedó al descubierto durante la revisión de las rendiciones por parte de funcionarios del GORE Biobío, quienes detectaron inconsistencias en la documentación tributaria. Al profundizar en el análisis, se estableció que las boletas presentadas eran falsas o habían sido adulteradas.
En términos técnicos, el organismo estatal es categórico: “La falsedad de las boletas se desprende del hecho de que: – dos de ellas existen, pero su monto se encuentra adulterado. Las otras dos, en cambio, si bien existen no fueron emitidas a nombre de la Junta de Vecinos N°4 de Penco y, además, tienen un monto diferente”. La investigación cuenta además con los testimonios de las profesionales cuyos nombres figuraban en los documentos, quienes aseguraron no haber prestado los servicios o indicaron que los montos reales eran considerablemente menores.
Diligencias y alcance patrimonial
El engaño habría permitido a la concejala apropiarse de al menos $1.350.000 provenientes de recursos públicos pertenecientes al FNDR destinados a la ejecución de ambos convenios. Ante la gravedad de los antecedentes, el CDE solicitó al Ministerio Público que la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI indague si existen otros convenios con patrones similares donde Inostroza haya tenido participación.
Asimismo, la estrategia del Consejo apunta al levantamiento del secreto bancario de las cuentas involucradas y a la identificación de bienes inmuebles o vehículos a nombre de la querellada. Esto último con el fin de preparar futuras acciones civiles indemnizatorias que permitan al Estado recuperar el patrimonio afectado por el presunto fraude.
Por ahora, el tribunal ha solicitado oficiar tanto a la Municipalidad de Concepción como al Concejo Municipal de Penco para ratificar las funciones públicas que la imputada desempeñaba al momento de ocurridos los hechos, lo que permitirá esclarecer el contexto en que se gestionaron los recursos fiscales cuestionados.
