El Consejo de Defensa del Estado (CDE) refutó la acción judicial de la pesquera por el cambio en las cuotas de la Ley de Fraccionamiento, advirtiendo que no existe un derecho de propiedad sobre la distribución de recursos fijada por el Congreso. El escrito sostiene que sancionar pecuniariamente la voluntad soberana de legislar pondría en riesgo la Hacienda Pública y congelaría el ordenamiento jurídico.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) ingresó la contestación a la demanda de indemnización de perjuicios interpuesta por Pesquera Camanchaca, ligada a las familias Fernández y Stengel. En un escrito de alta carga doctrinal, el organismo de defensa fiscal desestimó la pretensión de la compañía de recibir un pago de US$100 millones tras la implementación de la Ley de Fraccionamiento Pesquero (N° 21.752), la cual redujo las cuotas de captura industriales en favor del sector artesanal.
La estrategia del CDE, liderada por el abogado Leonardo Corral, apunta a que la empresa intenta “instrumentalizar” el sistema legal al exigir compensaciones por cambios normativos que son propios de un sistema democrático. “Nadie puede aprovecharse selectivamente de los términos de una ley para abultar sus proyecciones de supuestas utilidades (…) y, al mismo tiempo, demandar al Estado exigiendo que esa misma norma sea tratada como un ilícito”, sostiene el documento, consignado en parte por La Tercera
El fondo del debate: ¿Hay propiedad sobre los peces?
La controversia judicial, radicada en el 18° Juzgado Civil de Santiago, gira en torno a si las empresas pesqueras poseen un derecho de propiedad sobre los porcentajes de extracción. Camanchaca, asesorada por el abogado Jorge Bofill, sostiene que la ley aprobada a mediados de 2025 —y que entró en vigencia plena en enero de este año— vulneró las reglas del juego que debían regir hasta 2032.
Sin embargo, el CDE es categórico en su contraataque: “No existe un derecho de propiedad sobre una cuota general de captura (…) No existe tampoco un derecho de propiedad sobre una forma específica de distribución de aquella cuota entre el sector industrial y artesanal”. Según la tesis fiscal, lo que las empresas poseen es una licencia por plazo fijo, pero no un derecho adquirido sobre la cantidad específica de recursos biológicos, cuya distribución es una facultad técnica de la autoridad y del legislador.
El riesgo de la “ruina de la Hacienda Pública”
Uno de los puntos más agudos de la respuesta del CDE es la advertencia sobre las consecuencias de un fallo favorable a la industria. Apoyándose en el jurista español Eduardo García de Enterría, el organismo plantea que si los jueces obligaran al Estado a indemnizar por cada reforma legal, se estaría imponiendo una especie de “peaje” al progreso social.
“El legislador democrático debe tener libertad para adaptar el derecho a circunstancias sociales y políticas cambiantes”, argumenta el CDE, añadiendo que una responsabilidad generalizada por los efectos de las leyes “podría llevar a la quiebra del Estado y a la ruina de la Hacienda Pública”. Bajo este prisma, el escrito recalca que la Constitución permite limitar la propiedad en función de su rol social sin que ello genere una obligación de resarcimiento económico.
Un conflicto de largo aliento
La demanda de Camanchaca es parte de una ofensiva mayor de la industria pesquera. Es la segunda mayor pretensión económica después de la presentada por Blumar (US$ 216 millones). Aunque la ley de fraccionamiento fue impulsada por la administración de Gabriel Boric, el actual gobierno ha decidido respaldar íntegramente la defensa técnica del CDE.
El subsecretario de Pesca, Osvaldo Urrutia, ya anticipó que la judicialización de estos casos no será breve. “Probablemente, estas demandas van a durar años”, sostuvo la autoridad, mientras el tribunal civil comienza a ponderar si los cambios en las cuotas de captura son un ajuste legítimo del Estado o un daño patrimonial que el fisco debe pagar. Por ahora, la postura del Estado es clara: el ordenamiento jurídico no puede quedar “congelado” ante las necesidades de reforma que demanda la sociedad.
