Al cumplirse un mes de su ingreso al anexo penitenciario, la defensa del expresidente de Azul Azul elevó un recurso ante el máximo tribunal tras el rechazo sufrido en la Corte de Apelaciones de Santiago. El escrito cuestiona que la cautelar más gravosa se dictó fundándose en una “gravedad abstracta” de los delitos e ignorando antecedentes de colaboración como la entrega de claves, pasaporte y el levantamiento del secreto bancario.
Al cumplirse un mes desde su ingreso al anexo penitenciario Capitán Yáber, el exdirector de Sartor AGF y expresidente de la concesionaria Azul Azul, Michael Clark, inició una nueva ofensiva judicial al elevar un recurso ante la Corte Suprema para revocar la prisión preventiva que cumple desde el pasado 18 de agosto de 2026. La arremetida ante el máximo tribunal del país se concretó luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago desestimara sus reclamos previos en la revisión de un recurso de amparo.
En la acción interpuesta ante la Corte Suprema, el abogado defensor Bernardo Rosenberg cuestionó duramente los fundamentos de la resolución dictada en primera instancia por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. A juicio de la representación de Clark, la magistratura impuso la medida cautelar más gravosa apoyándose en la “gravedad abstracta” de los ilícitos imputados y en la penalidad probable, sin fundar un riesgo actual, concreto e individualizado que hiciera indispensable la privación de libertad.
Los argumentos de la defensa: Colaboración y falta de necesidad de cautela
El escrito defensivo hace hincapié en que la necesidad de cautela constituye un presupuesto autónomo dentro del proceso penal, por lo que la sola gravedad de los delitos atribuida por el Ministerio Público no justifica la prisión preventiva. En esa línea, la defensa de Clark reprochó que el tribunal de garantía omitiera explicar por qué una serie de antecedentes constitutivos de colaboración sustancial resultaban insuficientes para desestimar la cautelar.
Entre los factores favorables ignorados por la resolución, la defensa destacó la comparecencia voluntaria del imputado, la entrega formal de sus dispositivos electrónicos, claves de acceso y pasaporte, junto con el voluntario levantamiento del secreto bancario. Asimismo, el escrito enfatizó que el ejecutivo prestó declaración durante cuatro jornadas de interrogatorio, carece de antecedentes penales previos, no registra procesos judiciales pendientes y renunció al directorio de Sartor AGF S.A. en diciembre de 2024, entidad que actualmente se encuentra bajo intervención y control regulatorio.
Respecto de las alegaciones del Ministerio Público sobre una supuesta eliminación de evidencia, la defensa sostuvo que se trataron de planteamientos genéricos que no precisaron diligencias concretas, personas a las que se pretendiera influir ni un vínculo real con el amparado. A ello sumó que la fiscalía tampoco le atribuye pertenencia a una organización criminal, por lo que la suma de estos factores debería restar sustento a la prisión preventiva.
El revés previo en la Corte de Apelaciones de Santiago
La escalada del caso a la Corte Suprema se produce tras el revés sufrido el 8 de septiembre de 2026 ante la Corte de Apelaciones de Santiago, instancia que rechazó por segunda vez la acción constitucional presentada para modificar su régimen cautelar. En dicho fallo, el tribunal de alzada resolvió que la vía procesal escogida por la defensa de Clark no era la adecuada, señalando que el recurso de amparo exige acreditar una “ilegalidad manifiesta y ostensible” que vulnere la libertad personal, estándar que no se configuraba en este caso.
En la misma resolución, los ministros del tribunal de alzada recordaron que el imputado debió recurrir mediante un recurso de apelación ordinario —mecanismo utilizado por los restantes imputados de la causa— y respaldaron la decisión del tribunal de garantía al calificar a Clark como un peligro para la seguridad de la sociedad. Asimismo, el fallo de la Corte de Apelaciones fundamentó la privación de libertad en la necesidad de resguardar el éxito de la investigación ante el riesgo de destrucción o supresión de evidencia.
Los delitos indagados en la causa de delitos económicos
La situación procesal de Michael Clark se enmarca en la investigación por el denominado caso Sartor, causa en la que el exdirector de Sartor AGF —previamente sancionado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF)— fue formalizado por el Ministerio Público por una multiplicidad de delitos económicos de alta complejidad.
Entre las figuras penales que fundamentan la persecución del ente fiscalizador figuran los presuntos delitos de administración desleal, entrega de información falsa al mercado, negociación incompatible, fraude a la Ley de Oferta Pública de Acciones (OPA), lavado de activos y contrato simulado. Con la causa radicada en la Corte Suprema, el máximo tribunal deberá resolver si mantiene a Clark bajo prisión preventiva en Capitán Yáber o si acoge los cuestionamientos de la defensa respecto de la necesidad de cautela.
