En medio de las extensas jornadas de formalización, el abogado Jaime Winter cuestionó la exactitud de los perjuicios calculados por el Ministerio Público, calificándolos de “inexactos”. En paralelo, una nueva ofensiva legal apunta a Yáñez por el presunto desvío de fondos hacia sociedades inmobiliarias sin liquidez, sumando cargos por lavado de activos y apropiación indebida.
La trama judicial del Caso Sartor entró en una fase de definiciones críticas en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago. Tras cinco jornadas de formalización de cargos por parte del Ministerio Público, el foco de la discusión se trasladó a la solidez de las cifras presentadas por la Fiscalía y a la aparición de nuevos antecedentes que extienden el cerco sobre la cúpula de la Administradora General de Fondos (AGF).
El contraataque de la defensa: “Perjuicios donde no los hubo”
Uno de los momentos de mayor tensión se vivió durante la exposición del abogado Jaime Winter, representante de Pedro Pablo Larraín, excontrolador principal de Sartor y sindicado por los persecutores como el “arquitecto” de la estructura delictual. La defensa centró sus argumentos en desestimar el rol central atribuido a Larraín, asegurando que las transacciones fueron transparentes de cara al mercado.
Winter fue particularmente crítico con la labor del Ministerio Público, calificando la estimación del daño patrimonial como un cálculo “desprolijo” e inexacto. En su intervención de casi cuatro horas, el jurista sostuvo que se está ante “una formalización en extremo desprolija, donde se repiten títulos de imputación, se imputan perjuicios en casos donde no los hubo (…)”. Ante este escenario, la defensa solicitó al tribunal considerar la medida cautelar de arresto domiciliario total en lugar de la prisión preventiva.
Los ítems bajo sospecha y la falta de liquidez
La investigación ha permitido reconstruir periodísticamente la ruta de los fondos, detectando que los dineros de los cuales fueron desposeídos los inversionistas no solo se destinaron al pago de sueldos y remuneraciones millonarias en empresas relacionadas a Sartor AGF, sino que habrían sido desviados sistemáticamente. Entre los movimientos más cuestionados destaca el traspaso de capitales como financiamiento a la sociedad La Araucana, cuyo beneficiario final es el propio imputado Sergio Yáñez.
Un hito clave en este esquema es un Memo de Aprobación de Crédito (MAC) de mayo de 2021, que visó una prórroga para un crédito otorgado a La Araucana bajo la modalidad de “Préstamo ML Bullet” por un monto de $468.000.000. Estos recursos, que originalmente fueron solicitados como enlace para proyectos inmobiliarios como Los Plátanos y Gregorio Marañón, fueron renovados pese a que los documentos internos ya advertían que la empresa carecía de flujos propios para restituir la deuda. De esta forma, al momento de recibirse el financiamiento, la sociedad ya evidenciaba una manifesta falta de liquidez, lo que finalmente impidió que los fondos estuvieran disponibles para ser devueltos a los aportantes cuando solicitaron sus rescates a fines de 2024.
Ampliación de la querella: El flanco de Sergio Yáñez
En paralelo a la defensa de los hermanos Larraín, el abogado Andrés Balart, en representación de un grupo de aportantes, presentó este miércoles una ampliación de querella dirigida contra Sergio Yáñez y la sociedad de inversiones La Araucana. La acción legal apunta a los delitos de negociación incompatible, apropiación indebida y lavado de activos, basándose en antecedentes que sugieren que Yáñez tenía pleno conocimiento del origen de los dineros.
El libelo resalta que Yáñez integró el directorio de Emprender Capital de forma ininterrumpida hasta el 2024, lo que refuerza la tesis de que “tenía pleno conocimiento de la naturaleza de los fondos administrados (…) y de que tales fondos debían ser empleados en negocios de Leasing y Factoring”, y no destinados al financiamiento de sociedades relacionadas a los controladores. Actualmente, la Fiscalía mantiene su solicitud de prisión preventiva para los hermanos Pedro Pablo y Carlos Larraín Mery, Michael Clark, Rodrigo Bustamante y Sergio Yáñez Astete, en un proceso que mantiene a 11 imputados bajo la lupa de la justicia.
