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La Segunda Sala del máximo tribunal rechazó por unanimidad el amparo presentado por Nelson Medina Gálvez, condenado a 20 años de presidio. La magistratura confirmó el cálculo de Gendarmería tras constatar un error en el libelo defensivo, que situó erróneamente el crimen en 1973 para alegar una aplicación retroactiva de la ley.
La Segunda Sala de la Corte Suprema confirmó de forma unánime la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, descartando el recurso de amparo presentado por la defensa de Nelson Medina Gálvez. El exoficial del Ejército, condenado a una pena de 20 años de cárcel por su responsabilidad en el homicidio calificado de Rodrigo Rojas de Negri y el homicidio calificado frustrado de Carmen Gloria Quintana, pretendía mediante la acción constitucional adelantar el cálculo de los plazos para acceder a la libertad condicional y a beneficios intrapenitenciarios.
Con la decisión ratificada por el tribunal de alzada, la magistratura dejó firme la ficha técnica elaborada por Gendarmería de Chile para el interno recluido en el penal Colina I. De esta forma, el cómputo oficial establece que Medina Gálvez, quien ingresó a cumplir su condena el 25 de enero de 2024 con 88 días de abono, recién alcanzará el tiempo mínimo para postular a beneficios intrapenitenciarios el 26 de febrero de 2036, mientras que la exigencia legal para solicitar la libertad condicional se cumplirá el 26 de febrero de 2037.
La confusión entre 1973 y 1986
Al revisar los antecedentes del recurso, el máximo tribunal identificó una inconsistencia de fondo en la argumentación de la defensa del condenado. En su presentación, el abogado del exmilitar solicitó reducir de 13 años y cuatro meses a 10 años el tiempo de encierro requerido para postular a la libertad condicional, sosteniendo que la exigencia de cumplir dos tercios de la pena le estaba siendo aplicada de manera retroactiva. Para sustentar dicha hipótesis, la defensa situó de forma errónea los hechos en el año 1973, argumentando que la condición de los dos tercios recién había sido incorporada a la normativa en 1982.
El tribunal descartó categóricamente el planteamiento al recordar que el ataque perpetrado por la patrulla militar ocurrió el 2 de julio de 1986 en la comuna de Estación Central, fecha en la que la exigencia de los dos tercios ya se encontraba plenamente regulada e integrada en el ordenamiento jurídico. Al fundamentar el rechazo del amparo, la sentencia enfatizó que “Yerra el recurrente cuando plantea que la exigencia de cumplimiento de dos tercios de la pena le ha sido aplicada en forma retroactiva”.
El contexto de las peticiones penales
La resolución de la Corte Suprema fue valorada de manera positiva por los abogados querellantes que representan a las víctimas y sus familias. El jurista Francisco Bustos destacó el pronunciamiento al señalar que “Valoramos que la Corte Suprema haya confirmado el rechazo al amparo de Nelson Medina Gálvez, unánimemente”, dijo a Radio Biobio
En esa línea, la representación legal de Carmen Gloria Quintana enmarcó la pretensión del exoficial en una serie de acciones impulsadas por exagentes de la dictadura. Bustos sostuvo que “Esta petición, donde buscaba reducir el tiempo para poder acceder a beneficios, se enmarca en un cuadro general de peticiones de rebaja de condena, de solicitudes de libertad condicional, de indulto, que buscan impunidad”. Asimismo, el profesional dirigió críticas hacia el Ejecutivo al afirmar que “Y lamentablemente, como han percibido señales de impunidad desde el gobierno, eso ha alentado a que se presenten más de estas solicitudes”, añadiendo que “Nosotros vamos a seguir oponiéndonos a cada una de ellas para que los perpetradores cumplan sus sanciones”. El hito procesal se suma a las palabras expresadas en audiencias previas por Verónica de Negri, madre de Rodrigo Rojas, quien a sus 81 años manifestó ante el tribunal que “Estoy cansada de que estén jugando con nuestras vidas”.
La condena de 2024
La resolución sobre los plazos de reclusión de Medina Gálvez se da como corolario del fallo definitivo dictado por la Segunda Sala de la Corte Suprema en enero de 2024. En esa sentencia, integrada por los ministros Manuel Valderrama, Haroldo Brito, Jorge Dahm, Leopoldo Llanos y María Teresa Letelier, el máximo tribunal rechazó todos los recursos de casación presentados por los militares en retiro, descartando la aplicación de la media prescripción y la obediencia debida.
Dicho pronunciamiento dejó firmes las penas de 20 años de presidio mayor para los autores principales del crimen: Pedro Fernández Dittus, Iván Figueroa Canobra, Julio Castañer González y Nelson Medina Gálvez. De igual modo, la resolución sancionó al cabo Francisco Vásquez Vergara y al coronel en retiro René Muñoz Bruce como encubridores a tres años y un día por el homicidio de Rodrigo Rojas y a 541 días por el homicidio frustrado de Carmen Gloria Quintana, mientras que los exconscriptos Leonardo Riquelme, Walter Lara, Juan González y Pedro Franco fueron condenados como cómplices a tres años y un día.
Con la sentencia definitiva de 2024, la justicia puso término a un proceso de más de 37 años que debió revertir la verdad oficial impuesta por la dictadura y procesada en su momento por la justicia castrense. Sobre aquel recorrido, el abogado Nelson Caucoto recordó que la justicia militar había condenado originalmente a Fernández Dittus a solo 600 días de prisión, concluyendo que la Corte Suprema dejó al descubierto un verdadero “fraude judicial” que encubrió el ataque en el que los jóvenes fueron golpeados, rociados con combustible y quemados antes de ser abandonados en Quilicura.




