Ayer, en plena audiencia de formalización, la imputada María Teresa Abusleme decidió cambiar de abogado y revocó el patrocinio que había entregado a Mario Valenzuela. En su reemplazo, asumió la defensora pública Natalia Bravo.
Una situación poco común ocurrió el pasado domingo, en el marco de la segunda jornada de la audiencia de formalización en contra las cinco personas vinculadas al caso Convenios, específicamente en la arista Procultura, en la que el Ministerio Público indaga presuntas irregularidades en torno al convenio con la Gobernación Regional Metropolitana para la ejecución del programa de prevención del suicidio Quédate.
Mientras el Ministerio Público terminaba de fundamentar su solicitud de prisión preventiva para el psiquiatra Alberto Larraín, cofundador y director ejecutivo de la ONG ProCultura; para María Constanza Gómez, representante legal de la misma; para Evelyn Magdaleno, exjefa de la División de Desarrollo Social Humano del Gore Regional Metropolitano; y para María Teresa Abusleme, exdirectora de estudios de ProCultura, esta última resolvió cambiar a su abogado privado, Mario Valenzuela, y optar a ser representada por la Defensoría Penal Pública.
¿La razón? Según explicó el propio jurista tras el receso, la decisión de su hasta entonces clienta, respondió a la pérdida de confianza respecto a su estrategia de defensa, lo que necesariamente obliga a un cambio de abogado.
Según argumentó Valenzuela, Abusleme no esperaba permanecer detenida en tránsito durante los días en que se extendiera la audiencia, sobre todo, teniendo en cuenta que su pareja y quinto coimputado en la causa, Gabriel Prado -quien habría oficiado como el nexo entre el Gore y ProCultura- habría quedado sujeto a arresto domiciliario total.
Por ello, fue la Defensoría Penal Pública la que debió asumir la representación de la mujer.
¿Por qué ocurre esto?
La Defensoría Penal Pública es un organismo público que tiene por misión entregar defensa penal a todas las personas imputadas y condenadas en el marco del sistema procesal, que no cuenten con un abogado de confianza, garantizando así el acceso a la justicia de todas las personas, un debido proceso y un trato digno.
En este caso, y como no era posible que la audiencia pudiese continuar sin que exista un defensor que representara a Abusleme, es que debió asumir inmediatamente la Defensoría, actualmente dirigida por la Defensora Nacional Verónica Encina Vera.
En este escenario, quien quedó a cargo de la mujer, fue la defensora pública Natalia Bravo.
Según se explica en el sitio web del organismo, la defensa penal será gratuita, excepto para quienes cuenten con recursos económicos para costear –parcial o totalmente- los aranceles de defensa penal. Sin embargo, en el caso de los adolescentes –mayores de 14 y menores de 18 años– no pagarán el servicio, cualquiera sea su situación económica y la de su familia.
En definitiva, la Defensoría Penal Pública es un servicio que brinda defensa penal a todas las personas, sin importar su condición social, género, nacionalidad o su etnia.
