El Juzgado de Garantía de Antofagasta programó para la mañana de este lunes la audiencia de formalización de Alberto Larraín y María Constanza Gómez, director ejecutivo y exrepresentante legal de la Fundación ProCultura, respectivamente. En esta instancia, el fiscal Cristián Aguilar —bajo la dirección del fiscal regional Juan Castro Bekios— imputará a ambos profesionales la autoría de seis delitos consumados de apropiación indebida.
La indagatoria del ente persecutor apunta a esclarecer el destino de millonarios recursos transferidos a la ONG en el marco de la denominada arista Antofagasta del caso Convenios. Entre los contratos bajo la lupa se encuentra el proyecto “Recuperación de Fachadas Zona de Conservación Histórica Antofagasta”, que implicó el traspaso de $629.815.000 por parte del Gobierno Regional. A esto se suman otros cuatro convenios suscritos con la Seremi de Vivienda que superan los $500 millones.
Cuestionamientos a la ejecución de fondos
De acuerdo con los antecedentes de la causa, la fiscalía busca determinar responsabilidades tras las observaciones de Contraloría, que detectó la ausencia de concursos públicos para la adjudicación de estos montos y la falta de una verificación correcta sobre el uso de los dineros en relación con la labor encomendada. Cabe recordar que esta hebra investigativa fue el punto de partida de las pesquisas contra ProCultura, al surgir en la misma región donde estalló el caso Democracia Viva.
Desde la parte querellante, el exintendente de Antofagasta, Pablo Toloza, valoró el avance del proceso, señalando que la configuración del ilícito de apropiación indebida permitiría extender la persecución penal a otros territorios:
“Nosotros entendemos que se configura el delito de apropiación indebida. Esperamos, además, que no solo se formalice a Alberto Larraín por este delito en la arista de Antofagasta, sino que también se amplíen las formalizaciones a las otras regiones donde igualmente se investiga este ilícito”.
Críticas de la defensa y estrategia procesal
Por su parte, la defensa de Larraín ha sido crítica frente a esta nueva arremetida del Ministerio Público, asegurando que se trata de hechos que ya han sido revisados por la justicia con resultados desfavorables para la fiscalía. El abogado Cristián Arias sostuvo que la caída de los convenios se debió a un “efecto dominó” tras el escándalo de Democracia Viva, lo que impidió la ejecución normal de los proyectos, descartando la existencia de dolo.
Respecto a la consistencia de la imputación, Arias fustigó la similitud de este caso con procesos anteriores:
“En verdad, lo que va a pretender el Ministerio Público es bastante similar a lo mismo que ya trató de obtener en Santiago por el GORE Metropolitano, con resultados que todos vimos que fueron contundentes en contra del Ministerio Público; fueron desastrosos para el Ministerio Público”.
Asimismo, el defensor enfatizó que no espera variaciones significativas en el relato del ente investigador:
“El esquema de imputación que hará el Ministerio Público es el mismo que fracasó estrepitosamente en Santiago, tanto en garantía, como en la Corte de Apelaciones. No vemos que pueda traer un nuevo repertorio, salvo que ahora se ha plegado a la tesis, igualmente peregrina, del Consejo de Defensa del Estado, que también fracasó en ambas instancias”.
Esta es la segunda vez que Larraín y Gómez enfrentan una formalización de cargos tras el inicio de la megacausa. En la instancia previa, el tribunal rechazó la solicitud de prisión preventiva, por lo que el resultado de la audiencia de esta jornada será clave para definir las medidas cautelares y el nuevo plazo de investigación en esta arista nortina.
