El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago postergó la audiencia debido a que la acusación particular de la querellante fue notificada fuera del plazo legal de cinco días. En la misma jornada, la magistrada acogió la solicitud de la defensa y sustituyó el arresto domiciliario total que cumplía el exsubsecretario, fijando la reanudación del proceso para el 3 de marzo de 2027.
La tramitación del caso contra el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, sumó un nuevo vuelco procesal en el Centro de Justicia. En el arranque de la jornada fijada para dar inicio a la audiencia de preparación de juicio oral por los delitos de violación y abuso sexual contra una exfuncionaria de su dependencia, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acogió los reclamos de la defensa e hizo un doble pronunciamiento: suspendió la audiencia hasta marzo de 2027 y modificó la cautelar del imputado, concediéndole el arresto domiciliario nocturno.
La decisión de frenar el inicio del tamiz probatorio obedeció a un vicio formal en las notificaciones del procedimiento. Según detalló el defensor penal público Víctor Providel a la salida del recinto capitalino, la notificación del libelo particular no respetó los plazos mínimos exigidos por el Código Procesal Penal. “La parte querellante presentó la acusación particular el día 17 de septiembre, casi en el límite del plazo legal, y don Manuel Monsalve fue notificado el día 28. Es decir, no respetando los cinco días previos, tal como dijo la magistrado. Don Manuel Monsalve debió haber sido notificado legalmente a lo menos el día 25 de septiembre del año 2026”, explicó el jurista respecto del motivo que forzó la reprogramación de la audiencia para el 3 de marzo de 2027.
A la par de la postergación, la atención de la audiencia se desplazó hacia la revisión del régimen cautelar de la exautoridad. Tras escuchar las alegaciones de las partes, el tribunal resolvió aliviar la medida que el exsubsecretario cumplía en su residencia de Viña del Mar, sustituyendo el arresto domiciliario total por un arresto domiciliario nocturno. Asimismo, la magistrada mantuvo vigentes las medidas de arraigo nacional y la prohibición absoluta de acercarse a la víctima.
Al arribar al Centro de Justicia, Monsalve reiteró su postura frente a los cargos que le imputa el Ministerio Público. “Estoy tranquilo y, por supuesto, me sigo declarando inocente, mantengo eso con mucha fuerza”, afirmó brevemente ante los medios de comunicación. Por su parte, la abogada querellante, María Elena Santibáñez, desestimó los dichos de la exautoridad señalando que “en general, en delitos sexuales la regla es que la inmensa mayoría de los imputados o acusados, incluso condenados por delitos sexuales, dicen que no han cometido los delitos”. La jurista manifestó la preocupación de la familia de la víctima ante nuevas demoras, recordando que la intención de la querella era avanzar sin dilaciones. “Nosotros no vamos a pedir suspensión y nosotros abogamos más bien porque esto continúe. No sabemos qué va a hacer la defensa”, había advertido Santibáñez al ingresar al tribunal, añadiendo que “en general lo que ha pasado es que han tendido siempre ha pedir reapertura o a seguir como dilatando, así que es probable que pida suspensión”.
Con la suspensión decretada, el Ministerio Público deberá aguardar hasta marzo para desplegar ante el tribunal su abundante catálogo probatorio, compuesto por 89 testigos, 21 peritos y 106 pruebas documentales. La acusación presentada por la Fiscalía solicita imponer a Monsalve penas que suman 14 años y 2 días de presidio (10 años y un día por violación, más 4 años y un día por abuso sexual), en tanto que la querellante privada solicita una condena de 17 años de cárcel. Entre la nómina de testigos figuran exautoridades del Ejecutivo y el garzón del restaurante donde se iniciaron los hechos denunciados, trabajador que abandonó el país en marzo de 2025 y cuya ubicación exacta se mantiene desconocida para los intervinientes.
