El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete determinó unificar en una sola causa el juicio contra los 21 acusados por el ataque armado e incendio que afectó al Molino Grollmus en agosto de 2022. Pese a que inicialmente el Ministerio Público había separado las acusaciones para cumplir con los plazos legales que rigen a los dos menores de edad involucrados, el magistrado Marcos Pincheira resolvió de oficio la fusión al considerar que se trata de “los mismos hechos y la misma prueba”. Con esta resolución, el inicio del debate quedó fijado para el próximo 23 de junio, fecha en la que los imputados —presuntos miembros de la Resistencia Mapuche Lafkenche— enfrentarán cargos que, en el caso de los adultos, incluyen penas de presidio perpetuo.
La decisión fue recibida con alivio por la familia afectada, que ha manifestado públicamente el desgaste emocional de enfrentar múltiples procesos por un mismo hecho violento. Christian Grollmus, una de las víctimas del ataque, valoró la unidad de la causa señalando que “queremos que se fusione en un solo juicio ya que declarar dos veces por un mismo hecho es una revictimización que afecta a nuestros derechos”. En su análisis, el afectado fue enfático en describir la complejidad del escenario judicial, sosteniendo que para quienes vivieron el atentado, el sistema debe promover una instancia única, pues “esto es una tortura, declarar dos veces es un atentado más”.
Sin embargo, el camino hacia el juicio oral no ha estado exento de tensiones procesales y externas. Actualmente, la Corte Suprema debe resolver un recurso de amparo presentado por la Defensoría Penal Pública, que busca adelantar la fecha del proceso para uno de los menores de edad. Según el defensor Jaime Pacheco, el plazo actual resulta “desproporcionado y afecta sustancialmente sus derechos”, considerando que el joven ya suma más de 500 días bajo medidas cautelares privativas de libertad sin recibir sentencia.
A este complejo panorama legal se suma la denuncia de las víctimas sobre una presunta campaña de intimidación dirigida a los magistrados y, especialmente, a los testigos protegidos que prestarán declaración. Las denuncias coinciden con manifestaciones registradas en las inmediaciones de la Universidad de la Frontera en Temuco, donde grupos de encapuchados han calificado a los detenidos como “presos políticos mapuches”. Para los afectados, estas acciones, que han incluido barricadas incendiarias y enfrentamientos con Carabineros, buscan “influir en el desarrollo del juicio y generar intimidación” sobre quienes deben comparecer ante el tribunal.
