La Unidad Anticorrupción de la Fiscalía de Atacama presentó la acusación penal tras investigar ilícitos de lavado de activos, cohecho y fraude al fisco en la ejecución de convenios de distribución de agua y control de mascotas en tres regiones del norte. El Juzgado de Garantía de Copiapó inicia este lunes la audiencia de preparación de juicio oral, en una trama marcada por el sobreseimiento definitivo de la exseremi del Minvu y pesquisas a funcionarios de los Gores de Antofagasta y Arica.
La Fiscalía Regional de Atacama, a través de su Unidad Anticorrupción y de Litigación Estratégica, formalizó la presentación de la acusación penal en contra de diez imputados investigados por su participación en delitos de corrupción en la arista de la Fundación Comprometidos, desprendida del denominado Caso Convenios. La causa judicial ingresa de esta forma a su etapa más relevante tras años de diligencias contables, financieras y de análisis documental desarrolladas en conjunto con la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) y la Brigada de Lavado de Activos (Brilac) de la Policía de Investigaciones.
Al dar a conocer la conclusión de la etapa investigativa, el fiscal regional de Atacama, Juan Andrés Shertzer, destacó la exhaustividad del trabajo policial y persecutor. “Desde que la Fiscalía de Atacama se hizo cargo de la dirección de este caso ejecutó una investigación objetiva y dedicada junto a la PDI, agotando las herramientas destinadas a reunir los antecedentes que llevaron a establecer la participación individual de los imputados en los delitos que se acusa y que indagó la Unidad Anticorrupción y de Litigación Estratégica de esta fiscalía regional. De esta manera, la acusación presentada ante el Tribunal da cuenta de ilícitos de fraude al fisco, lavado de activos, soborno, administración desleal y cohecho agravado. Cabiéndole a los imputados distintos grados de participación en estos hechos, los que buscarán ser acreditados en el Juicio Oral respectivo”, sostuvo la autoridad.
Dada la gravedad de los ilícitos imputados, los cuales afectaron a programas con financiamiento estatal e involucran a particulares y funcionarios públicos de los Gobiernos Regionales de Arica y Parinacota, Antofagasta y Atacama, el Ministerio Público solicitó la imposición de penas efectivas de presidio. Las pesquisas del ente persecutor situaron el perjuicio fiscal consolidado en un monto cercano a los $600 millones de pesos. Ante el Juzgado de Garantía de Copiapó, la audiencia de preparación de juicio oral comenzará a desarrollarse a partir de este lunes 2 de noviembre, instancia en la que la Fiscalía exhibirá las pruebas documentales, testimoniales y periciales con las que buscará obtener condenas en el tribunal colegiado.
El sobreseimiento definitivo de la exseremi del Minvu
En forma previa a la presentación del escrito de acusación, la arista en la Región de Atacama registró un hito procesal determinante con el sobreseimiento definitivo de la exseremi de Vivienda y Urbanismo, Rocío Díaz. La investigación penal contra la exautoridad se extendió durante tres años a propósito del convenio por $128 millones suscrito en 2022 entre la repartición y la Fundación Comprometidos para el suministro de agua potable en campamentos de Copiapó.
El cierre del expediente a su respecto se concretó a petición de la propia Fiscalía de Atacama y fue ratificado por el Juzgado de Garantía, tribunal que acogió la solicitud tras dictaminar que las actuaciones de la exjefa de servicio no constituyen delito. Tras la resolución judicial, Díaz (quien actualmente ejerce como Administradora Regional) remarcó que “con este sobreseimiento tengo la sensación de alivio, de que esta verdad que comenté desde un inicio queda a la luz”, agregando de manera categórica que “siempre actué con probidad”.
Del giro de “producción de películas” a las anomalías detectadas por Contraloría
El origen de la arista Atacama se remonta al 21 de diciembre de 2022, fecha en que la Seremi de Vivienda firmó mediante trato directo la entrega de $128 millones a la Fundación Comprometidos, representada por Sebastián Duarte Vergara, exmilitante del Partido Progresista. El objetivo declarado de la asignación era implementar un plan piloto de distribución de agua potable en camiones aljibe para familias de los campamentos Paipote y Villa El Cerro II.
La controversia judicial y política estalló al revelarse que, al momento de suscribir el acuerdo con el Estado, la entidad registraba ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) las actividades comerciales de “producción de películas cinematográficas” y “clínicas veterinarias”, tramitando recién en marzo de 2023 la ampliación al rubro de asistencia social. Frente a las críticas, la Seremi de Vivienda argumentó en su oportunidad que la contratación “se realizó en un contexto de urgencia para proveer de manera rápida” la solución de agua, asegurando que el rubro empresarial correspondía a un asunto “para efectos tributarios”. En contraste, el ministro de Vivienda de entonces, Carlos Montes, cuestionó severamente la maniobra señalando que “parece bastante absurdo y ridículo”.
Las irregularidades contables fueron refrendadas por la Contraloría General de la República en su Informe Final N° 673-B. En dicho examen, el órgano fiscalizador constató que la entidad no acreditó el pago de retenciones de boletas de honorarios por más de $2 millones, mantuvo sin justificar rendiciones a proveedores por $192 millones y omitió la restitución de un saldo no ejecutado de $3,9 millones. Asimismo, las cartolas bancarias de la chequera electrónica de la fundación en BancoEstado revelaron que, tras recibir las remesas estatales, se ejecutaron giros masivos de dinero por caja que dejaron la cuenta corriente prácticamente desprovista de fondos.
Las ramificaciones del modelo en Antofagasta y Arica
La acusación penal presentada por la Fiscalía de Atacama abarca una estructura de operaciones que traspasó los límites regionales, derivando en pesquisas paralelas en otros Gobiernos Regionales del norte del país.
En la arista del Gore Antofagasta, la Corte de Apelaciones de Copiapó revocó en julio de 2025 el criterio de primera instancia y decretó la medida cautelar de arraigo nacional en contra de Lizza Aravena, jefa de la División de Desarrollo Social y Humano (Didesoh), y Ángel González, evaluador de proyectos de la misma unidad, ambos formalizados por fraude al fisco. De acuerdo con los antecedentes expuestos por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), los funcionarios habrían mantenido coordinaciones previas con Sebastián Vergara para facilitar la adjudicación del programa “Control Poblacional Canino y Felino Tocopilla 2.000 Cirugías”, detectándose además vínculos políticos derivados de la campaña a gobernador de 2020.
En tanto, en la arista Arica, detectives de la Bridec de Copiapó se constituyeron en las dependencias del Gobierno Regional para tomar declaración al gobernador Jorge Díaz (DC). Las indagatorias judiciales se concentraron en dos convenios aprobados con la Fundación Comprometidos por un monto total cercano a los $280 millones, orientados al registro de mascotas y al control poblacional de 6.000 animales en la comuna, iniciativas que se sumaron a las observaciones formuladas por Contraloría en auditorías regionales al uso de fondos públicos en el marco del Caso Convenios.
