La audiencia de preparación de juicio oral debió ser suspendida en el Juzgado de Garantía de Antofagasta luego de que el fundador de la disuelta ONG revocara el patrocinio a sus abogados. El tropiezo procesal posterga el debate previo al juzgamiento de la causa cero del Caso Convenios, donde la Fiscalía exige 10 años de cárcel para la diputada Catalina Pérez y los principales involucrados por tres delitos consumados de fraude al fisco.
Un inesperado giro defensivo volvió a congelar el hito procesal más relevante del denominado caso Democracia Viva. Durante la jornada de este lunes 19 de octubre, el Juzgado de Garantía de Antofagasta notificó la suspensión y reprogramación de la audiencia de preparación de juicio oral (APJO), fijada originalmente para dar inicio a la revisión de la prueba de una causa que acumula más de tres años de tramitación judicial.
La determinación de la magistratura se adoptó tras concretarse la decisión del imputado y exdirector de la ONG, Daniel Andrade, de revocar durante la semana pasada el patrocinio y poder a los abogados que lideraron su representación técnica desde el estallido del escándalo. Ante la falta de defensa en la sala, el tribunal deberá reorganizar su agenda para fijar una nueva fecha en los próximos días, estimándose que la instancia preparatoria se prolongará por un periodo de dos a tres semanas.
La postergación frena momentáneamente el juzgamiento de la causa emblemática que en junio de 2023 dio origen al Caso Convenios a nivel nacional. La historia penal se remonta a la difusión de la denuncia sobre tres convenios de transferencia de fondos suscritos entre la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de Antofagasta y la fundación Democracia Viva por un monto total de $426 millones. Las transferencias, destinadas teóricamente a labores de habitabilidad primaria en campamentos de la zona, fueron otorgadas pese a que la entidad privada no contaba con la experiencia técnica ni con el giro comercial requerido para ejecutar obras civiles. El trasfondo de la asignación estuvo marcado además por los vínculos políticos y personales del entramado: el exseremi de Vivienda, Carlos Contreras, había ejercido como jefe de gabinete de la diputada Catalina Pérez, mientras que el representante legal de la ONG, Daniel Andrade, era pareja de la parlamentaria.
La acusación de la fiscalía
Tras el cierre de la investigación formalizado por la Fiscalía Regional de Antofagasta en agosto de 2025, el Ministerio Público presentó su libelo acusatorio exigiendo penas de alta severidad para los imputados centrales. En la acusación por tres delitos consumados de fraude al fisco, el ente persecutor solicitó una condena de 10 años de presidio mayor para la desaforada diputada Catalina Pérez, su expareja Daniel Andrade, el exseremi Carlos Contreras y la exconcejala Paz Fuica. En el caso de Contreras y Fuica, la pretensión punitiva total podría elevarse hasta los 35 años de cárcel al sumar acusaciones por otras aristas como TomArte, Fibra y Fusupo.
Según la tesis desarrollada por la Fiscalía, los acusados “se concertaron previamente para permitir la adjudicación de los fondos”, mientras que la legisladora y su entorno “facilitaron los medios para la ejecución del delito” mediante una entidad que actuó “ocultando los antecedentes de la fundación que hubieran impedido la concesión de los fondos”. En esa misma línea, el organismo acusador sostuvo que “la voluntad de los imputados nunca fue que los fondos públicos obtenidos desde el Minvu cumplieran el objetivo pactado”.
Hallazgos y peritajes
El sostén probatorio de la causa se apoya en auditorías del órgano de control e informes de peritaje contable. La Contraloría General de la República constató hechos de corrupción al detectar que 12 personas contratadas por fundaciones operaban en las dependencias de la Seremi Minvu de Antofagasta usando escritorios, teléfonos, computadores y claves institucionales sin revestir la calidad de funcionarios públicos. Asimismo, la fiscalización acreditó el fraccionamiento deliberado de convenios para eludir la toma de razón previa ante el umbral de las 5.000 UTM, junto con la abierta infracción al deber de abstención por parte de Contreras.
Por su parte, la querella del Consejo de Defensa del Estado (CDE) persigue el perjuicio patrimonial estimado en a lo menos $391.768.516, acusando que Contreras actuó “faltando gravemente a la probidad y perjudicando con ello el interés público fiscal”. A ello se sumaron las auditorías del Ministerio de Justicia dictaminadas en su fiscalización, las cuales establecieron que entre un 66% y un 98% de los fondos públicos asignados a Democracia Viva fueron destinados al pago de honorarios y trabajo político territorial, reservando apenas un porcentaje menor a la ejecución efectiva de las obras civiles.
Recorrido cautelar
El trayecto judicial del caso contempla hitos severos en materia cautelar e institucional. En diciembre de 2023, el Juzgado de Garantía de Antofagasta decretó la prisión preventiva de Daniel Andrade y Carlos Contreras al estimar que “al suscribir los convenios de transferencia de fondos a Democracia Viva, el imputado Carlos Contreras incumplió gravemente sus deberes funcionarios como seremi Minvu de Antofagasta”. La cautelar fue posteriormente revocada en febrero de 2024 por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que dispuso el arresto domiciliario total para los imputados.
En la arista corporativa, el 17° Juzgado Civil de Santiago acogió la demanda del CDE y ordenó la disolución definitiva de la fundación Democracia Viva tras comprobar infracciones graves a sus estatutos y al objeto social y patrimonial previsto en el Código Civil. Con la audiencia suspendida en el tribunal nortino, la fijación del nuevo calendario marcará el inicio del filtro de admisibilidad probatoria de cara al juicio oral.
