Los abogados Samuel Donoso y Luis Masferrer recurrieron ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso denunciando incumplimientos del fallo de la Corte Suprema que delimitó las pesquisas por la denominada “Cuota Flores”. La magistratura fijó audiencia de cautela de garantías para el 25 de noviembre.
La investigación por la denominada “Cuota Flores”, en la que el Ministerio Público indaga un eventual fraude al fisco mediante el desvío de dineros de asignaciones parlamentarias, sumó un nuevo capítulo en sede judicial. Los abogados defensores de la senadora de Renovación Nacional (RN) Camila Flores, Samuel Donoso y Luis Masferrer, ingresaron una presentación ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso para solicitar el cumplimiento de una serie de instrucciones destinadas a limitar el acceso a los mensajes de la parlamentaria y definir a quienes tienen acceso a los mismos.
El escrito, según informó Meganoticias sostiene que el ente persecutor no ha dado cumplimiento cabal a lo ordenado por la Corte Suprema el pasado 25 de septiembre. En dicho pronunciamiento, el máximo tribunal prohibió utilizar antecedentes anteriores a la primera elección de la legisladora al Congreso, ordenó identificar a los funcionarios con acceso a los equipos y dispuso eliminar las copias de información que carezcan de interés criminalístico. La medida de incautación afectó a un conjunto masivo de dispositivos, entre los que figuran su teléfono celular, su computador personal e institucional, dos dispositivos con la totalidad de sus correos electrónicos, un computador portátil, un iPhone y otros ocho dispositivos de almacenamiento de datos.
Reparos a la entrega de antecedentes
En la presentación efectuada ante el juzgado de garantía, la defensa reconoce que la Fiscalía informó sobre medidas adoptadas para resguardar la información, pero enfatiza que estas no satisfacen lo resuelto por los tribunales. De acuerdo con el libelo, el informe entregado por el Ministerio Público “no indica dónde están hoy los dispositivos ni quién mantiene las copias forenses”. Asimismo, los juristas reclaman que se ha vulnerado la disposición de que la custodia se mantenga “únicamente” a cargo de la fiscalía, al constatar que personal del Departamento OS-9 de Carabineros aún mantiene acceso a los archivos extraídos.
Frente a estas observaciones, la representación penal de la senadora solicitó ordenar la nómina completa de fiscales, abogados asistentes, analistas, peritos y funcionarios policiales que han accedido a las especies o a la información extraída. De forma paralela, solicitaron que se traslade a la custodia exclusiva de la fiscalía responsable toda copia, imagen o extracción que permanezca en poder de la policía uniformada.
En lo relativo al proceso de purga de datos sin relevancia para las pesquisas, la defensa pidió formalmente que se les notifique “con a lo menos tres días hábiles de anticipación, el día y lugar de la eliminación, para que pueda presenciarla por sí o por medio de un perito de su confianza”.
La audiencia fijada por el tribunal
Atendidos los planteamientos de las partes, el Juzgado de Garantía de Valparaíso determinó que las solicitudes de la defensa orientadas a resguardar las garantías procesales de la imputada serán debatidas en una audiencia de cautela de garantías, la cual quedó programada para el próximo 25 de noviembre.
