El Ministerio Público de Antofagasta comunicó al tribunal el cierre de la investigación que involucraba a tres figuras clave del Frente Amplio, tras no reunir pruebas suficientes para una formalización. La resolución, que será discutida en una audiencia el próximo 21 de agosto, marca un punto de inflexión en la persecución penal por presuntas omisiones en el control de traspasos de fondos estatales hacia fundaciones.
La Fiscalía Regional de Antofagasta resolvió dar un paso definitivo en una de las aristas más sensibles del denominado Caso Convenios. Tras meses de indagatorias, el ente persecutor decidió cerrar la investigación y no perseverar en el procedimiento contra el exministro Giorgio Jackson, el jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi, y la directora de Presupuestos, Javiera Martínez. La determinación fue comunicada formalmente al Juzgado de Garantía de Antofagasta a través de un escrito ingresado por el fiscal adjunto Cristián Aguilar.
La génesis de esta investigación se remonta a una ampliación de querella presentada por diputados republicanos, quienes apuntaban a una eventual omisión de denuncia o falta de control administrativo por parte de las entonces autoridades frente a los millonarios traspasos de recursos públicos hacia organizaciones como Democracia Viva. Sin embargo, tras analizar las declaraciones y los antecedentes recabados, el Ministerio Público concluyó que no existe mérito para avanzar hacia una imputación de cargos.
La fundamentación del Ministerio Público
En el documento remitido al tribunal el pasado 7 de julio, el fiscal Aguilar fue taxativo respecto a la carencia de pruebas para sustentar una acusación. Según el texto, la fiscalía busca fijar una audiencia “a objeto de comunicar la decisión de no perseverar por no haber reunido antecedentes suficientes para formalizar la investigación respecto de los imputados Javiera Martínez Fariña, Miguel Crispi Serrano y Kenneth Giorgio Jackson Drago, individualizados en carpeta judicial, y consecuencialmente formular acusación en su contra”.
Esta decisión judicial pone término al capítulo que vinculaba directamente a las figuras ancla del frenteamplismo con la trama de corrupción que estalló el 16 de junio de 2023. En aquel entonces, Jackson ejercía como titular de Desarrollo Social, Crispi ocupaba la subsecretaría de la Subdere —y posteriormente la jefatura de asesores del Segundo Piso—, mientras que Martínez lideraba la Dipres, organismo encargado de validar los marcos presupuestarios para los traspasos.
Contexto de una red nacional
Pese al cierre de esta arista específica, el Caso Convenios continúa siendo una de las mayores investigaciones por corrupción de la última década. De acuerdo con datos consolidados por la Fiscalía, el monto total investigado a nivel nacional asciende a $89.961 millones de pesos, involucrando contratos del Ministerio de Vivienda y de diversos gobiernos regionales.
La indagatoria, que comenzó con los contratos del Seremi de Vivienda de Antofagasta con la fundación Democracia Viva, se ha extendido a todas las regiones del país, detectando una “telaraña” de transferencias discrecionales que afecta a 40 fundaciones bajo la lupa del Minvu y a una decena de gobiernos regionales. En este escenario, mientras figuras políticas locales y dirigentes de ONG ya enfrentan procesos de formalización y medidas cautelares, el máximo tribunal de la instancia regional ha determinado que las responsabilidades administrativas de la cúpula del Ejecutivo no alcanzaron el estándar requerido para la persecución penal.
El Juzgado de Garantía de Antofagasta ya citó a todos los intervinientes para el 21 de agosto a las 08:30 horas, instancia donde se debatirá la solicitud del Ministerio Público y se cerrará formalmente el proceso para Jackson, Crispi y Martínez. Por su parte, la Fiscalía ha declinado emitir comentarios adicionales a la espera de que se concrete la audiencia de no perseverar.
