El Ministerio de Justicia inició una investigación interna y remitió los antecedentes al organismo de defensa estatal para determinar responsabilidades administrativas y judiciales. El ministro Fernando Rabat calificó como “grave” que la información sobre el hallazgo de la exmilitante del MIR fuera retenida por 15 meses durante la administración anterior antes de ser entregada a los tribunales.
El vuelco en el caso de Bernarda Rosalba Vera Contardo, quien durante más de 50 años figuró en los registros oficiales como detenida desaparecida, ha detonado una crisis administrativa en el Ministerio de Justicia. Luego de que peritajes de ADN confirmaran con una probabilidad “superior al 99,9999%” que la mujer localizada en Argentina es efectivamente la exdocente, la cartera liderada por el abogado Fernando Rabat tomó medidas inmediatas para establecer por qué el hallazgo no se informó oportunamente.
La decisión de Justicia consiste en la apertura de una investigación sumaria y el envío de los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado. Según explicó el subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira (RN), el objetivo es “revisar cualquier responsabilidad administrativa que pueda derivar del caso” y permitir que se persigan “todas las acciones legales y administrativas que correspondan”.
Los 15 meses de silencio
El foco de la controversia judicial y política radica en la cronología del hallazgo. De acuerdo con el ministro Rabat, la información sobre el paradero de Vera fue conocida por la Subsecretaría de Derechos Humanos, en el marco del Plan Nacional de Búsqueda (PNB), en marzo de 2024. Sin embargo, los antecedentes solo llegaron a manos del ministro en visita extraordinaria, Álvaro Mesa, en junio de 2025.
“Hubo por lo menos 15 meses que esta información estuvo en la Subsecretaría de Derechos Humanos y no se reaccionó prontamente, y reaccionar prontamente en una materia tan delicada como esta, es ponerla en conocimiento de la autoridad, lo que no se hizo, y eso nos parece grave”, fustigó el secretario de Estado. Rabat fue más allá al señalar que “hay que preguntarle a quiénes tuvieron la información y no la entregaron”, destacando que bajo su gestión se logró materializar los exámenes de ADN en tres meses, algo que no se obtuvo en casi dos años anteriormente.
El perfil de “Anita” y la Masacre de Liquiñe
Bernarda Vera, conocida como “Anita”, era militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y fue detenida en 1973 por efectivos de la FACh pertenecientes al Grupo N°3 de Helicópteros “Maquehua”. Posteriormente, fue condenada a muerte por un Consejo de Guerra y su caso fue incluido en el Informe Rettig como víctima de desaparición forzada.
Durante décadas, su nombre estuvo vinculado judicialmente a la denominada Masacre de Liquiñe, el asesinato de 15 obreros y campesinos en Panguipulli ocurrido en octubre de 1973. No fue hasta el desarrollo del Plan Nacional de Búsqueda que surgieron testimonios que indicaban que había sido vista fuera de Chile después de la fecha estimada de su desaparición, lo que activó el cuaderno administrativo del juez Mesa a inicios de 2025.
Implicancias patrimoniales y auditorías
La aparición con vida de Vera ha encendido las alarmas respecto del uso de recursos públicos. Parlamentarios han solicitado que se recuperen los dineros pagados en virtud de su condición de víctima, particularmente las pensiones que habría recibido su hija. Sobre este punto, Rabat sostuvo que el Estado está en situación de “requerir todo pago que no tenga una causa que lo justifique. Con independencia de si quién lo recibió está de buena o mala fe. Es una cuestión de orden objetivo”.
El caso también ha puesto bajo la lupa la integridad de las listas de víctimas. El ministro de Justicia reveló que este no es un hecho aislado: “Al menos, hay nueve que se determinaron con anterioridad, y, si le agregamos casos de duplicidad, llevamos 12”. Por ello, se ha ordenado una revisión exhaustiva de todos los casos seguidos por la Subsecretaría y se colabora con una fiscalización de la Contraloría General de la República al interior del Programa de Derechos Humanos respecto al manejo de información y recursos.
