El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago fijó para el próximo 8 de junio, a las 09:00 horas, la audiencia de formalización de la exministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj, y del abogado Luis Hermosilla. Esta nueva arista del denominado “Caso Audios” se activó luego de que el pasado 9 de marzo la Corte Suprema confirmara de forma unánime la querella de capítulos en contra de la exmagistrada, paso procesal indispensable para perseguir penalmente a un juez por actos cometidos en el ejercicio de sus funciones.
La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, comunicará a Sabaj que se le investiga como presunta autora de cohecho agravado, prevaricación judicial y revelación de secretos, mientras que Hermosilla enfrentará cargos por soborno.
La indagatoria del Ministerio Público apunta a un presunto “pacto de lealtad mutua” en el que la entonces ministra habría favorecido los intereses personales y profesionales de Hermosilla a cambio de gestiones e influencias ejercidas por el abogado en su favor, particularmente durante su proceso de postulación al tribunal de alzada capitalino. Entre los hechos cuestionados por la fiscalía se encuentra la supuesta intervención de Sabaj en la preparación de un recurso de amparo en favor del entonces presidente Sebastián Piñera, además de gestiones vinculadas a causas de Héctor Espinosa y un incidente de recusación contra el magistrado Daniel Urrutia. Asimismo, los chats revelarían el intercambio de información reservada sobre la conformación de salas y estrategias procesales en diversas causas judiciales.
La situación procesal de Verónica Sabaj se produce meses después de que fuera removida del Poder Judicial en septiembre de 2025, tras un proceso disciplinario donde el máximo tribunal concluyó que su comportamiento afectó gravemente principios como la independencia, probidad e integridad. Por su parte, la defensa de la exjueza ha sostenido que los hechos ya fueron sancionados en sede administrativa y que las conversaciones no constituyen delitos penales, calificándolas como prácticas habituales de comunicación entre abogados y magistrados. No obstante, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) también se hizo parte de la persecución penal mediante una querella criminal, reforzando la tesis de que las conductas imputadas revisten caracteres de delito que deben ser sancionados bajo el estatuto de corrupción pública.
