Agregó que “en otras palabras, los ciudadanos buscan participar activamente y haciendo oír su voz desde la calle, con megáfono mediático, en la configuración de la política criminal. Sobran los estudios, sobran los debates, las asesorías de expertos están de más, la gente común sabe cuál es el problema y sabe cuál es la solución”.
Andrés López Vergara, En Estrado.
“Un uso demagógico del Derecho Penal”. Así graficó el ministro de la Segunda Sala de la Corte Suprema, Carlos Künsemüller, las amenazas y críticas en redes sociales a la resolución que rechazó la prisión preventiva de Martín Pradenas. Ese caso fue uno de los ejemplos que relató en su exposición titulada “El populismo penal y el rol de los medios de comunicación y las redes sociales”, la que realizó en el seminario internacional “Nuevas perspectivas del sistema penal ecuatoriano”, organizado por la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y la Universidad Internacional del Ecuador.
La actividad académica –que contó con la asistencia de más de mil personas en sus tres días- tuvo como objetivo unificar criterios en cuanto a la interpretación y aplicación de la ley frente a las nuevas reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), para su correcto entendimiento y aplicación.
De acuerdo a un comunicado del Poder Judicial, como una expresión del movimiento populista, explicó el magistrado que en Chile hay una serie de leyes llamadas por los nombres de las víctimas de los delitos, como Ley Emilia o Ley Gabriela, “lo que a juicio de muchos, lo que hace es revictimizar esas desafortunadas personas”.
Citando al catedrático de Málaga José Luís Díez Ripollés “la experiencia cotidiana del pueblo, su percepción inmediata de la realidad y los conflictos sociales han pasado a ser un factor de primera importancia a la hora de configurar leyes penales y pugna por serlo también en la aplicación práctica”, dijo.
“Lo novedoso no es que estos factores contribuyan a la creación y aplicación del derecho, algo que es legítimo, sino que se demanda ahora que estas exigencias del llamado derecho penal nuevo o del derecho penal más duro se atiendan sin intermediarios, es decir sin la interposición de expertos que valoren las consecuencias complejas que acarrean todas las decisiones que se tomen o adopten en la materia penal. Los portadores de estos conocimientos son la opinión pública, creada por los medios de comunicación social, las víctimas o grupos de víctimas y en último caso la comunidad en general”, explicó.
“En otras palabras, los ciudadanos buscan participar activamente y haciendo oír su voz desde la calle, con megáfono mediático, en la configuración de la política criminal. Sobran los estudios, sobran los debates, las asesorías de expertos están de más, la gente común sabe cuál es el problema y sabe cuál es la solución. Hay un riesgo de victimización e instrumentalización de los miedos de las sociedades y las pasiones de las personas mediante el protagonismo del delito y sus víctimas y como factor determinante el ranking de los medios y de los políticos, ya que sus miembros pretenden demostrar que son los más duros frente al crimen”, concluyó.
