Lamberto Cisternas. Exministro de la Corte Suprema.
Pido disculpas nuevamente -ya lo hice a propósito de columnas anteriores- por tratar un tema que aparentemente no tiene que ver con lo jurídico.
Sin embargo, como se verá luego, es solo en apariencia, pues comentaré algunas situaciones que, en mi opinión, atentan contra la dignidad de las personas, por no respetar algunos de sus derechos, que son parte integrante de esa dignidad.
Se trata de situaciones sencillas que reflejan falta de consideración o deferencia por las personas, en un momento en que suponemos, dadas las duras experiencias recientes, un actuar en sentido inverso, profundizando el mayor respeto, efectivo y diario, a las personas y sus derechos. Veamos algunos ejemplos.
Comencemos con algo muy común. Más de alguien debe haber tenido la experiencia de llegar a un negocio -que puede ser una farmacia- y lo reciban con un seco y previo “sólo con tarjeta”; y, peor todavía, que sin ese aviso y después de esperar y llegar con la mercadería a la caja o a pedirla -un medicamento- lo detengan y le comuniquen que sólo se vende con tarjeta.
En primer lugar, hay que decirlo claro, ese negocio está infringiendo la normativa, pues la Ley Orgánica del Banco Central establece que “Los billetes y monedas emitidos por el Banco Central tendrán curso legal en todo el territorio de la República y serán recibidos por su valor nominal”. Ningún establecimiento de comercio puede, entonces, negarse a recibir el dinero emitido por el Banco Central. La única excepción consiste en que los privados pueden limitar esa aceptación a cincuenta monedas de cada una de las que existen en circulación.
Suelen esgrimirse diversas explicaciones para ese actuar ilegal -razones de seguridad o cambio de turno o proximidad al cierre-, por lo que me interesa destacar, por ahora, la inexistencia de deferencia y de respeto; que se manifiesta en la falta de aviso previo, o en el modo arrogante de decirlo e imponerlo, o en la convicción de que el establecimiento puede fijar las reglas. Y sucede que no toda persona tiene tarjeta, o no la quiere usar para pequeñas cantidades, o la tiene topada, o la olvidó; pero sí tiene dinero efectivo de curso legal obligatorio, cuya recepción se le niega de forma abusiva y privándola de la posibilidad de contar con un remedio u otro artículo de primera necesidad que le urge tener y que muchas veces ya no podrá adquirir, por la hora o por la lejanía.
Otro ejemplo lo encontramos concurriendo a cobrar un cheque. Para algunos bancos no basta con el documento de identidad, es necesario colocar el índice en un lector electrónico; pero este instrumento tiene agregada una extensa leyenda confeccionada con letra diminuta que proclama que por el hecho de usar el lector -lo que fue presentado como un trámite rutinario- la persona acepta una serie de cosas relativas a los datos, su entrecruce y el uso de ellos por la empresa que lo proporciona.
En este caso la falta de respeto es también evidente. Porque se procede sin aviso de ninguna especie y, en cuando a esa autorización amplia, de forma casi subrepticia, dejando a la persona y sus datos a libre circulación; mientras en otros niveles no tan prácticos discutimos arduamente sobre la protección de datos personales.
El último ejemplo -entre muchos que pueden citarse- me lo proporciona por estos días la franja electoral con motivo del plebiscito convocado para decidir si aprobamos o rechazamos tener una nueva constitución, y en el evento de aprobar, qué tipo de órgano preferimos.
Nadie puede creer que esa franja cumple con el objetivo que se tuvo en vista al imponer a los canales de televisión abierta la carga de proporcionar cierto tiempo en beneficio de la ciudadanía, para ayudar a que emita su voto de manera informada. Por el contrario, lo que hace la franja -aparte de ser discutible su calidad estética- es sembrar la confusión e incomodar a los indecisos, que serían los posibles beneficiarios de ella.
Es una nueva y actual flagrante violación al respeto debido a la ciudadanía, que espera legítimamente que este mecanismo previsto por la ley le sea de utilidad para estar informado al momento de votar. Ni la autoridad ni los participantes de las franjas -partidos políticos y organizaciones sociales- han estado a la altura, configurándose esa falta de respeto y de deferencia.
En la medida que estas situaciones, y otras muchas que se pueden constatar a diario, siguen existiendo entre nosotros sin mayor reclamo y -lo que es peor- las normalizamos sin que se corrijan, no puede decirse que exista real conciencia de la necesidad de respetar los derechos de todas las personas en todo momento e incluso en las cuestiones más pequeñas y cotidianas.
Lamento, entonces, al terminar esta reflexión, contestar insatisfactoriamente la pregunta con que la inicié: CHILE NO HA CAMBIADO.
