La defensora pública Pía Campos presentó un recurso de amparo en favor de la joven, apelando a la normativa internacional y a la perspectiva de género. Ahora permanecerá en reclusión domiciliaria nocturna.
En primera instancia se recurrió ante el Juzgado de Letras y Garantía de Pucón, solicitando que se permitiera la ejecución del resto de la pena fuera del centro penitenciario de Concepción, en atención a emergencia sanitaria actual y a la especial situación de peligro en que se encontraba la amparada y su hijo o hija en gestación. Pero el requerimiento fue rechazado.
Ante la negativa, la defensora pública recurrió de amparo constitucional ante la Corte de Apelaciones de Concepción, que acogió la solicitud y ordenó la libertad inmediata de la amparada, modificando la forma de ejecución de la pena por arresto domiciliario parcial. Los ministros acogieron todos los argumentos presentados por la Defensoría Penal Pública en torno a normas internacionales, tanto del sistema universal como interamericano de derechos humanos, especialmente en lo relativo a la situación de mujeres privadas de libertad.
NORMATIVA INTERNACIONAL
El fallo representa un importante logro, ya que da especial relevancia a que, al tratarse de la situación de una mujer reclusa que se encuentra en estado de embarazo, le resultan aplicables normas internacionales de derechos humanos acordadas por los Estados precisamente para evitar la discriminación por razones de género. Los magistrados citaron incluso normas internacionales específicas.
Todo lo anterior resulta de especial trascendencia, toda vez que frente a la ausencia de normas nacionales que permitan la sustitución de la forma de ejecución de pena, se razona sobre la base de la normativa internacional suscrita por Chile para dar solución a la situación de especial vulnerabilidad en que se encontraba la joven madre y que implicaba una interseccionalidad en la discriminación, por su condición de mujer, gestante y privada de libertad
PROTECCIÓN A PRIVADOS DE LIBERTAD
Pía Campos explicó que “este fallo viene a ratificar la línea que ha sostenido la defensa penitenciara, en orden a solicitar de los tribunales y/o cortes de apelaciones que se brinde especial protección a las personas que, con ocasión de la emergencia sanitaria actual, se encuentran en una particular situación de riesgo al interior de las cárceles de nuestro país”.
En cuanto a la fundamentación legal presentada, indicó que ésta resulta de suma trascendencia, porque “encuentra en el derecho internacional la fuente de la obligación del Estado para prestar tal protección. Es particularmente importante que se desglosa en este fallo toda la normativa internacional de los derechos humanos que protegen y erradican toda forma de violencia contra la mujer. No sólo en razón del género, sino que además por su condición de privada de libertad”.
Tras este resultado, Roxana no sólo podrá cumplir su condena en libertad, sino que además podrá trabajar mientras su salud se lo permita, para apoyar al sustento de su hijo o hija por nacer.
OTROS FALLOS SIMILARES
Esta resolución se une a otros dos fallos similares recientes: uno de la Corte de Apelaciones de Concepción, que acogió un amparo en favor de otra mujer embarazada y con enfermedades crónicas, que fue deducido por la defensora pública Allison Vergara.
El segundo fue un amparo ante el juez de garantía de Los Ángeles, quien acogió la solicitud de la defensora pública Francisca Vásquez en favor de una mujer que padece de un carcinoma de cuello uterino en etapa III.
