El abogado Juan Carlos Manríquez fue incluido por la Barra de Abogados del Tribunal Internacional para participar de la consulta y analizar la factibilidad de reformar el Estatuto de Roma y hacer que el tribunal con sede en La Haya, pueda perseguir este crimen y actuar contra los autores, personas naturales o jurídicas.
El pasado 17 de enero, el Consejo Ejecutivo de la Barra de la Corte Penal Internacional notificó al abogado Juan Carlos Manríquez de su inclusión en el grupo de expertos que estudia la posibilidad de que el delito de ecocidio esté contemplado como nuevo crimen internacional de competencia de la Corte.
De esta manera, participará de la consulta que busca analizar la factibilidad de reformar el Estatuto de Roma y hacer que el tribunal con sede en La Haya, pueda perseguir este crimen y actuar contra los autores, personas naturales o jurídicas que perpetren daños irreversibles, irrecuperables, de gran extensión y que afecten componentes esenciales de un ecosistema, causen defaunación, deforestación, contaminación de aguas o aire incluso por efecto de faenas empresariales, extractivas o productivas. La materia viene siendo estudiada desde una petición hecha un par de años atrás por el parlamento sueco, impulsada por la Fundación Stop Ecocide y por instancias internacionales, todo lo que busca dar una robusta definición legal para el nuevo delito, que armonice los distintos sistemas legales que rigen a nivel global con los avances y técnicas científicas de análisis y producción de última generación, como las observaciones y muestreos satelitales.
La iniciativa, además, cuenta con el apoyo expreso del Papa Francisco, quien, en un discurso ante la Asociación Internacional de Derecho Penal, realizada en noviembre de 2019 en el Vaticano, sostuvo que los delitos ambientales no eran solo un pecado desde el punto de vista católico, sino también un crimen global grave e instó a que el Ecocidio sea incluido como la quinta categoría de los crímenes contra paz y la humanidad del Estatuto de Roma.
Según explicó Manríquez, el objetivo del panel es desarrollar una definición de acuerdo a lo propuesto sobre este ilícito y sus elementos, y así agregarlo al estatuto de Roma que es base de la Corte Penal Internacional, agregando que ello se suma a la petición de parlamentarios suecos quienes buscan a su vez, robustecer una definición de este pretendido nuevo delito internacional.
En la misma línea, Juan Carlos Manríquez detalló que el delito de ecocidio “debiera a nuestro juicio, ser definido en razón de sus efectos globales; extensos e irrecuperables, sistémicos; y que atentan contra un grupo considerable de personas, poblaciones o zonas, inclusive subsistemas ambientales.”
Por último, enfatizó que esto tiene una enorme importancia, sobre todo para Chile y los proyectos que dicen relación con la explotación de riquezas naturales, la minería, el uso de las aguas y las masas de peces, puntualizando que es muy importante que Chile siga desarrollando una gran actividad industrial y comercial, pero sujeta al cumplimiento de reglas y a la adopción de mejores prácticas internacionales. En este sentido, la ley 21.595 sobre delitos económicos considera como tales a los delitos ambientales cuando se cometen en beneficio de la empresa, de ahí que a nivel mundial se diga que ese beneficio y el desarrollo económico no pueda lograrse a costa de un ecocidio.
