La bancada de diputados de la UDI elevó este viernes un requerimiento formal al Presidente José Antonio Kast para que intervenga en la situación administrativa del juez Daniel Urrutia Labreaux. Los legisladores instaron al Mandatario a ejercer sus atribuciones constitucionales con el fin de solicitar a la Corte Suprema la destitución del magistrado, acusando una vulneración grave a sus deberes funcionarios.
La acción de los parlamentarios se sustenta en dos desplazamientos internacionales efectuados por Urrutia en enero de 2020 (Costa Rica) y junio de 2022 (Ecuador), periodos en los que el juez se encontraba con licencia médica psiquiátrica. Para la colectividad, el hecho de que la Corte de Apelaciones de Santiago absolviera recientemente al juez por prescripción no exime la falta ética cometida ni la “impunidad” en la que quedaría la conducta.
Fundamentos constitucionales y reproche ético
En la misiva dirigida a La Moneda, los diputados fundamentaron su petición en el artículo 80, inciso tercero, de la Constitución, el cual estipula el mecanismo para declarar el cese de funciones por falta de buen comportamiento de los miembros del Poder Judicial. Al respecto, el texto citado en la nota señala:
“La Corte Suprema, por requerimiento del Presidente de la República, a solicitud de parte interesada o de oficio, podrá declarar que los jueces no han tenido buen comportamiento y, previo informe del inculpado y de la Corte de Apelaciones respectiva, en su caso, acordar su remoción por la mayoría del total de sus componentes”.
Bajo este prisma, la bancada gremialista argumenta que no es admisible que un magistrado mantenga su investidura tras haber ignorado el reposo obligatorio dictado por facultativos. La carta enviada a Kast sostiene que la resolución de la instancia superior ocurrió:
“…sin perjuicio de que habría incurrido en una conducta reprochable y una falta de prudencia al incumplir el período de reposo obligatorio sin que el profesional firmante de las licencias le hubiera recomendado someterse a tratamientos o procedimientos médicos fuera del territorio nacional”.
Contexto de la magistratura
La ofensiva judicial contra Daniel Urrutia no es un hecho aislado, ya que la colectividad ha cuestionado anteriormente sus resoluciones, como las autorizaciones de videollamadas a reos de alta peligrosidad. En el actual escrito, los parlamentarios solicitaron que el Ejecutivo:
“…tenga a bien evaluar la posibilidad de presentar -ante la Corte Suprema- un requerimiento de remoción en contra del juez Daniel Urrutia, por haber vulnerado gravemente el deber de mantener un buen comportamiento, todo ello en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 80 de la Carta Fundamental”.
Cabe destacar que el magistrado Urrutia encabeza actualmente causas de alta sensibilidad, entre ellas, el proceso por presuntos delitos financieros que mantiene en prisión preventiva al exdiputado Joaquín Lavín León. Con este paso, la UDI busca que el máximo tribunal del país revise la idoneidad del juez para permanecer en el escalafón del Poder Judicial tras las infracciones detectadas en su historial de licencias.
