Por Cristian Rozas Dockendorff
Jefe de la Unidad de Estudios de la Defensoría Penal Pública de Ñuble
El tiempo en la justicia penal no es neutro, cada día transcurrido es un día de libertad restringida, bien lo saben las 409 personas en la región de Ñuble para quienes el reloj procesal se encuentra congelado.
Se trata de los imputados representados por la Defensoría Penal Pública (DPP) que hoy permanecen en un limbo jurídico a la espera de un informe psiquiátrico del Servicio Médico Legal (SML) para determinar su imputabilidad o las medidas de seguridad que corresponden a su caso.
Esta cifra no es solo un indicador de gestión o un rezago administrativo, es el reflejo de una doble discriminación sistemática e invisible.
Por un lado, opera la discriminación inherente a su condición procesal donde nadie debería sufrir los costos de un sistema cuyo diseño actualmente es superado por la creciente demanda, no obstante, muchos de estos imputados aguardan un informe preparado por profesionales especialistas en la materia, privados de libertad o sometidos a gravosas medidas cautelares. La demora del Estado en emitir un peritaje en salud mental, transforma la prisión preventiva, o la internación provisoria, en una pena anticipada sin condena formal. Se les castiga no por un fallo judicial, sino por la falta de cobertura o interoperabilidad de los agentes del sistema penal.
Por otro lado, se suma la discriminación por su condición de salud mental. Históricamente, las personas con patologías psiquiátricas han sido relegadas a los márgenes de las políticas públicas, y el sistema penal no es la excepción. La dificultad que tienen los imputados de acceder a la evaluación psiquiátrica que establece la ley, agrava su situación procesal, exponiéndolo a entornos hostiles y no aptos para la contención psiquiátrica como es la cárcel.
Resulta paradójico que por una parte se persiga el cumplimiento de la ley y por otra, se incumplan los plazos y garantías fundamentales. No se puede hablar de un debido proceso, ni de un acceso equitativo a la justicia, mientras la evaluación médica de un imputado dependa de una lista de espera interminable.
Los 409 casos identificados por la DPP exigen más que diagnósticos presupuestarios, demandan una respuesta urgente e intersectorial. La salud mental no puede seguir siendo el pariente pobre del sistema penal, ni un pretexto para prolongar privaciones de libertad arbitrarias. Es momento de entender que garantizar el cumplimiento de principios como el juzgamiento en plazo razonable y exámenes médicos legales no son un privilegio para quien delinque, sino un deber mínimo de humanidad y derecho en una sociedad verdaderamente democrática.
