En Estrado.
Los representantes de las asociaciones gremiales de fiscales, jueces y defensores se reunieron hoy a través de Zoom con el ministro de Justicia, Hernán Larraín, para manifestarle su preocupación por los efectos que tendrá la acumulación de causas provocada por el impacto de la pandemia en el funcionamiento del sistema procesal penal.
El presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Francisco Bravo, y los representantes del gremio de Magistradas y Magistrados, Mauricio Olave, y de los defensores, Peter Sharp, explicaron su evaluación de la situación actual y la congestión provocada por la suspensión de audiencias y actuaciones en procesos judiciales. Para esto solicitaron al ministro Larraín que patrocine un proyecto que permita el aumento de personal por dos años.
“Las asociaciones plantean que es necesario un aumento de dotación de fiscales, jueces y defensores, todo esto acompañado de una debida capacitación. Este incremento, aunque sea transitorio, permitirá sacar adelante las causas que se acumularon por el impacto de la pandemia. Toda esta situación se complejizará aún más cuando el país comience poco a poco a retomar la normalidad”, señaló Bravo.
El juez Mauricio Olave, presidente de la ANMM, señaló que “a mediados de marzo explicitamos nuestra preocupación porque el Ejecutivo ingresara un proyecto de fácil despacho que dispusiera el nombramiento de juezas y jueces transitorios/as para poner al día el trabajo acumulado y eso es lo que hoy reiteramos a la autoridad pensando en todas las materias; no sólo penal”.
Agregó que “nos preocupa que a esa judicatura se le capacite previamente pues se requieren competencias específicas dependiendo de la materia de que se trate, y es un estándar de derechos fundamentales que las personas que acceden al sistema vean sus causas conocidas y resueltas por profesionales con la idoneidad suficiente para no ver afectados sus derechos”.
